NewzLa presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, dará inicio a la tercera jornada de puertas abiertas en el alto tribunal desde que asumió el cargo ante 75 estudiantes de primero de la ESO del instituto madrileño Isabel la Católica.Como cada año desde 2005, el Supremo abrirá sus puertas al público este jueves y viernes de 9.00 horas hasta las 17.00 y la mañana del sábado, desde las 9.00 hasta las 14.00. Una tradición que arranca con la visita de los estudiantes acompañados por Perelló y por el vicepresidente del alto tribunal, Dimitry Berberoff.El año pasado, en su segunda inauguración, Perelló reivindicó la labor de los jueces y mostró a 33 niños y niñas del colegio público Francisco Fatou la Sala de lo Penal del Supremo, "donde se hacen juicios de verdad...".El 'tour' se realizó a apenas una semana de que comenzase el juicio contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso."Se va a hacer uno próximo que es muy famoso, que es el del fiscal general del Estado", indicó la presidenta del Supremo, si bien la atención de los escolares fue absorbida por los actores que, dentro de la misma sala, simulaban un juicio e invitaban a los niños a participar.Y es que esta es otra de las costumbres de las jornadas de puertas abiertas del Supremo. Cada hora, desde las 9.30 horas, una pareja de actores escenificará un juicio en la Sala Segunda, en el que los visitantes más pequeños podrán participar como miembros del tribunal, fiscal, abogado, testigo, acusado, etc.AUDIOGUÍA Y UN 'CANDLELIGHT'La entrada al Palacio de Justicia es libre y no requiere de inscripción o reserva previa, tan solo presentar el DNI, pasaporte o NIE.Durante el jueves y el viernes, los visitantes también podrán mantener encuentros con algunos de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que les explicarán de primera mano en qué consiste su trabajo y responderán a sus preguntas.Lo novedoso de esta edición está en que, por primera vez, los visitantes tendrán a su disposición una audioguía en castellano y en inglés a la que podrán acceder con su teléfono móvil escaneando un código QR y mediante la que podrán escuchar explicaciones sobre el patrimonio histórico y artístico del edificio y sobre las funciones de cada una de las Sa…
El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió la licencia de instalación del proyecto aurífero Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun Mining, en el estado de Pará, tras considerar que no se acreditó el cumplimiento de exigencias ambientales ni de garantías para los pueblos indígenas de la zona.La decisión fue firmada el lunes por el presidente del tribunal, Edson Fachin, y se conoció el martes. El magistrado dejó sin efecto una resolución previa que permitía avanzar con la mina a cielo abierto cerca del río Xingu, en un área afectada por la represa hidroeléctrica de Belo Monte.Fachin atendió un pedido de urgencia del Ministerio Público Federal y señaló deficiencias en los estudios sobre el impacto del proyecto en comunidades indígenas. A su vez, apuntó a la falta de una consulta previa, libre e informada para los pueblos potencialmente afectados.La suspensión seguirá vigente hasta que exista una decisión definitiva o que el Tribunal Regional Federal de la Primera Región valide un acuerdo de conciliación entre las partes.
La empresa sostuvo que no preveía intervenciones físicas en el área antes del segundo semestre de 2027 y que mantiene conversaciones con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).El proyecto Volta Grande contempla la extracción de 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años, de acuerdo con un estudio de viabilidad de 2015. El plan incluye la remoción de más de 600 millones de toneladas de material en una superficie de 24 kilómetros cuadrados.Una evaluación independiente de 2021 alertó sobre la represa de residuos prevista por la compañía, con capacidad para unos 35 millones de metros cúbicos de desechos mineros y agua. Los investigadores advirtieron que un eventual colapso podría liberar materiales con sustancias como arsénico y mercurio hacia el Xingu y afectar a comunidades situadas a más de 40 kilómetros río abajo.Sol Juruna, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, afirmó que las poblaciones ubicadas después de la represa de Belo Monte ya enfrentan una disminución del caudal y de las poblaciones de peces.
“Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”, declaró a Associated Press.La suspensión de la licencia reabrió una disputa judicial que lleva varios años y dejó en pausa el proyecto Volta Grande, promocionado por la compañía canadiense como un… La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de forma urgente la orden judicial que mantiene paralizada la construcción de un nuevo tramo del muro fronterizo en el sector del Parque Nacional Big Bend, en Texas. El Departamento de Justicia, a través del procurador general, John Sauer, ha interpuesto un recurso al que ha tenido acceso Europa Press en el que acusa al tribunal de distrito inferior de emitir una medida "sin fundamento", "ilegal y sin precedentes" que vulnera las prerrogativas del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.El caso se centra en tres exenciones ('waivers') firmadas a lo largo de este año por los secretarios de Seguridad Nacional, la primera por Kristi Noem y las dos siguientes por el actual responsable, Markwayne Mullin.
Estas decisiones administrativas permiten esquivar normativas medioambientales e históricas --como la Ley de Especies en Peligro o la de Preservación Histórica Nacional-- para acelerar la construcción de más de 300 millas (casi 500 kilómetros) de barreras físicas y carreteras en el sector texano de Big Bend. Aunque la Administración ha aclarado que no tiene intención de erigir un muro de gran envergadura en el interior del Parque Nacional, sí mantiene sus planes de construcción de infraestructura fronteriza en otras áreas de la región.Sin embargo, el pasado 2 de octubre, un tribunal federal de Texas paralizó las obras tras una demanda interpuesta por grupos ecologistas, una asociación para la defensa de una iglesia histórica de Ruidosa y empresarios locales de turismo fluvial. El juez bloqueó la maquinaria pesada al estimar que el Gobierno de Trump no contaba con una "clara autorización del Congreso" para aplicar dichas exenciones medioambientales en esa zona específica, argumentando que los niveles de inmigración irregular en Big Bend son comparativamente inferiores a los de otros sectores de la frontera sur.En su escrito ante el Supremo, el Gobierno de Trump tilda de "frívola" la decisión judicial y argumenta que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés) otorga al secretario de Seguridad Nacional una discreción "exclusiva" para levantar los requisitos legales que entorpezcan la construcción expedita del muro.
"Sólo este tribunal de distrito ha considerado oportuno pisotear la clara autorización del Cong…
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