La conectividad en RD

La República Dominicana ocupa una posición privilegiada en el Caribe, pero esa ubicación no garantiza, por sí sola, prosperidad. Convertir la cercanía a los mercados en participación competitiva exige infraestructura, instituciones y conocimiento. Nuestro desafío marítimo consiste en transformar una ventaja geográfica en oportunidades concretas.Durante demasiado tiempo hemos pensado el mar como paisaje y distancia por vencer.

Hoy debemos entenderlo como un espacio donde convergen comercio, energía, conectividad digital y protección ambiental. La política marítima debe comprender esas relaciones y anticipar oportunidades y conflictos. Solo en 2025 recibimos 2.8 millones de cruceristas.

Según la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, el gasto promedio por pasajero en cada visita a puerto ronda los US$104.36. La geografía nos sitúa; la coordinación nos vuelve competitivos. La dimensión económica es muy evidente.

Según la Oficina Nacional de Estadística, más del 65 % del valor de nuestras exportaciones de bienes corresponde a envíos por vía marítima. En junio de 2025, el Gobierno informó una inversión acumulada desde 2020 de US$531.5 millones de capital público y privado en infraestructura portuaria. El reto es traducir ese esfuerzo en un sistema logístico más eficiente.Para mejorar esa cadena, hemos combinado tecnología y coordinación con Despacho en 24 Horas, equipos de rayos X y sistemas de gestión de riesgos.

Una mercancía despachada rápidamente puede perder esa ventaja ante accesos congestionados o transporte insuficiente. La competitividad debe medirse por el recorrido completo, desde el centro productivo hasta el destino.El Decreto 353-26, mediante el cual el presidente Abinader dispuso la elaboración de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, permite acordar prioridades, asignar responsabilidades y medir resultados. Debe integrar desarrollo económico, seguridad de la navegación, obligaciones internacionales y protección del medio marino.

Nuestra visión país debe asumir la condición de Estado archipelágico integrando islas, cayos y espacios marítimos en la planificación, con rigor jurídico y respeto al derecho internacional. Esta tarea está vinculada con Meta RD 2036. Duplicar el tamaño de nuestra economía exigirá mover más bienes y hacerlo mejor.