NewzMurcia, 28 sep (EFE).- Una familia de cinco miembros podrá permanecer de momento en su vivienda del barrio murciano de La Paz tras paralizar una comisión judicial por tiempo indefinido el desahucio previsto este lunes, para facilitar que sus propietarios y el fondo de inversión Blossom Properties negocien una solución.Daniel y Aurora, naturales de Ecuador, llevan 19 años de alquiler en el piso y aseguran haber abonado siempre los 400 euros mensuales de renta más gastos. Sin embargo, desde hace unos dos años habrían estado pagando al arrendador original sin saber que la vivienda había pasado a ser propiedad de Blossom Properties, según han explicado su abogada y los mediadores que les acompañan.La primera notificación del desahucio, recibida el pasado julio, ni siquiera figuraba a nombre de la familia, sino del antiguo propietario, lo que permitió aplazar inicialmente el lanzamiento.La comisión judicial ha acudido a la vivienda a las 12:30 horas, acompañada por mediadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y del Sindicato de Vivienda en la Región de Murcia. Pasada la una, abandonó el inmueble tras acordar la paralización sin plazo fijo para que las partes negocien.El matrimonio tiene tres hijos: uno de 23 años con un 45 % de discapacidad y otros dos, de 17 y 10 años, nacidos en la vivienda.
La familia había ofrecido 45.000 euros por el piso, frente a los 90.000 solicitados inicialmente por el fondo, según su abogada, Ana Caparrós.Ahora prevén tasar el inmueble y negociar un precio intermedio para intentar conservar la vivienda. Compartir piso pasados los 40 años, no poder independizarse pese a tener empleo, encadenar contratos temporales sin poder acceder a una vivienda o afrontar la amenaza de un desahucio son solo algunos de los motivos que han llevado a cientos de personas a instalarse en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, que buscan presionar al Gobierno para que este martes apruebe en el Consejo de Ministros el decreto ley sobre vivienda, que incluiría la protección antidesahucios y medidas contra la especulación, entre otros aspectos. La acampada, que recuerda a la del 15M en 2011, ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, que advierte que mantendrá la protesta en el kilómetro cero de Madrid si los contratos de alquiler indefinidos no se incluyen en el decreto.
Esta demostración de fuerza colectiva es el resultado tanto de la manifestación multitudinaria del sábado en la capital como del desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha prendido la mecha de la indignación en un país donde cada vez es más difícil que se cumpla el artículo 47 de la Constitución: tener derecho a una vivienda digna y adecuada. Maricarmen fue desalojada el pasado miércoles por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que compró el piso donde llevaba viviendo 71 años en 2018 y se negó a negociar cualquier tipo de solución.Clara, Carmen y Quique, tres jóvenes madrileños, no han dudado en llevar su tienda de campaña hasta Sol para reclamar “medidas reales” que ayuden a atajar la crisis habitacional. Quique cuenta a Infobae que se ve obligado a vivir con su madre porque no podría permitirse pagar un alquiler en Madrid, donde los precios no dejan de aumentar, y teme que su casero les suba la renta el año que viene.
“Mi madre está muy preocupada con eso”, asegura. Clara, sin embargo, se considera afortunada de poder vivir en el piso que pertenecía a su abuela, ya fallecida. Trabaja y estudia, y admite que sin esa vivienda no podría continuar su formación: tendría que regresar a casa de sus padres.
“Tengo 33 años y, después de varios años viviendo de forma independiente, no sería el mejor plan. Pero, de otra forma, sería inviable”, afirma. En una situación parecida se encuentra Carmen, que también vive en una casa de un familiar.
“Es muy triste que la única posibilidad que tengamos de vivir solos, tranquilos y sin tener miedo a las subidas del alquiler sea porque un familiar …
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