“Besame las botas”: doce detenidos por las torturas y abusos sexuales a presas en el penal de Magdalena

La Policía Federal arrestó en las últimas horas a 15 penitenciarios acusados de las brutales torturas y abusos sexuales a cuatro presas en el penal de Magdalena, confirmaron tres altas fuentes del caso a Infobae.El hecho, denunciado a comienzos de junio último por la Comisión Provincial de la Memoria, fue investigado por el fiscal Álvaro Garganta, con la colaboración del Servicio Penitenciario Bonaerense mismo. La prueba clave fueron las declaraciones de las detenidas mismas, coincidentes entre sí, una escena de tormentos y vejaciones propia de un centro clandestino de la última dictadura militar.Así, Garganta requirió el arresto de los 15 sospechosos y una redada en el penal, la Unidad N°51 del SPB, con un documento de 146 págionas. Doce habían sido detenidos al cierre de esta nota, poco antes del mediodía del martes.

Entre los detenidos se encuentra la jefa del penal, la penitenciaria Daiana Belén Balmaceda, a cargo del operativo de represión que terminó en las supuestas torturas y abusos. En medio de los tormentos, la penitenciaria le habría ordenado a una de sus víctimas: “Besame las botas”, según reveló Infobae semanas atrás.Otras siete penitenciarias mujeres están involucradas en la denuncia presentada por la CPM, entre ellas la subjefa de la cárcel, la encargada de requisa, personal de Sanidad. Una enfermera fue acusada de falsear un acta para ocultar las lesiones de la víctima a la cual Balmaceda -platense, de 31 años- habría obligado a besar sus botas.

Varios penitenciarios varones que participaron de las torturas habrían participado a cara tapada.El rol de mando de Balmaceda es claro en los testimonios de las detenidas, que el fiscal Garganta consideró creíbles. “Acá es Magdalena, acá no hacen lo que quieren”, se la oyó gritar. “Las quiero a todas ataditas”, la oyó decir otra detenida.La represión estalló por una pelea en una celda, la número 3 de la prisión, el miércoles 3 de junio por la noche.

El texto completo de la denuncia presentada por la CPM es escalofriante. Un tramo revela el punto límite de las vejaciones:“Con la escopeta, uno de los masculinos la golpeaba en la cabeza, la espalda y se la apoyó sobre los glúteos al mismo tiempo que se reían entre todos y le decían “Qué lindo culo que tenés” (sic). Estando arrodillada, Balmaceda seguía diciéndole que le lama las botas y como la víctima continuaba negándose le rompieron la ropa interior.…

La diplomacia y el derecho penal internacional atraviesan una de sus grietas más profundas debido a la tendencia sostenida de la República Popular China de dotar a sus leyes penales de una marcada extraterritorialidad. Esta pretensión de sancionar actos cometidos fuera de su territorio por ciudadanos extranjeros ha dejado de ser una disputa académica para convertirse en un problema operativo real para cancillerías, embajadas y tribunales de todo el mundo. En el centro del debate se encuentra la soberanía territorial, un principio básico del derecho internacional que se paraliza cuando una potencia pretende tipificar como delito la libre expresión, las decisiones legislativas o el apoyo a Taiwán realizados en suelo extranjero.Para entender la desconfianza actual es necesario volver a 2019, cuando la intención del gobierno de Hong Kong de aprobar una ley de extradición hacia la China continental provocó protestas masivas en las calles ante el temor de una inminente pérdida de garantías judiciales.

La respuesta de Beijing en junio de 2020 sentó un antecedente definitivo al promulgar de forma directa la Ley de Seguridad Nacional. Esta norma incluyó el polémico Artículo 38, el cual otorgaba jurisdicción penal a las autoridades chinas sobre supuestos delitos cometidos por personas no residentes y fuera del territorio hongkonés. La reacción de las democracias fue inmediata y países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania suspendieron de manera sistemática sus acuerdos de extradición con Hong Kong.