Estados Unidos experimenta un panorama fragmentado respecto a la pena de muerte, caracterizado por la concentración de la mayoría de las ejecuciones en un pequeño grupo de estados, liderados por Florida.
Mientras que un puñado de jurisdicciones impulsa las ejecuciones, en gran parte del país la pena capital ha sido abolida, se encuentra bajo moratoria o se aplica de manera cada vez más arbitraria. La situación refleja divisiones geográficas y legales profundas en la aplicación de la máxima condena a nivel nacional.
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