NewzMadrid, 10 sep (EFE).- La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha considerado de "extraordinaria gravedad" acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que "puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "compromete el Estado de derecho".Perelló se ha pronunciado así en su discurso con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que preside el rey, ante las más altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.En su intervención, ha lamentado "las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones", lo que supone "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva". La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha aprovechado la apertura del año judicial para poner negro sobre blanco el malestar de la cúpula judicial con las acusaciones de lawfare que se vienen lanzando desde el ámbito político. Y lo ha hecho delante del rey y con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentado entre los asistentes.
Perelló no ha mencionado a Pedro Sánchez ni al Gobierno, pero el destinatario de su mensaje resultaba difícil de obviar: ha advertido de la “extraordinaria gravedad” que tienen las acusaciones generalizadas de que jueces y tribunales dictan sus resoluciones por motivos políticos y no jurídicos.La presidenta del Supremo ha marcado así una línea roja en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no jurídicas es una imputación de extraordinaria gravedad”, ha señalado durante su intervención. No se trata, ha explicado, de una crítica más a una resolución judicial.
Atribuir a un juez que actúa movido por intereses políticos puede llegar incluso a imputarle una conducta delictiva.Perelló ha puesto el acento, además, en quién formula esas acusaciones, porque una cosa es cuestionar una sentencia o discrepar de la actuación de un magistrado y otra muy distinta convertir esa discrepancia en una descalificación personal de quien la firma. En ese segundo escenario, ha advertido, el daño deja de afectar únicamente al juez señalado y alcanza a la propia función jurisdiccional.La consecuencia, según la presidenta del CGPJ, es también institucional: se resiente la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si quienes alimentan ese discurso ocupan responsabilidades institucionales, el problema adquiere todavía mayor dimensión.
“La gravedad es mayor”, ha afirmado Perelló, antes de lanzar una advertencia especialmente contundente: este tipo de acusaciones “no es admisible” y puede terminar convirtiéndose en un elemento de “presión” sobre jueces y tribunales.El mensaje llega en plena escalada de tensión entre el Gobierno y determinados órganos judiciales. Una relación complicada desde el comienzo de la legislatura y que se ha ido enrareciendo a medida que distintas causas y resoluciones han afectado al entorno del pr…
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