NewzCarlota CiudadLisboa, 5 sep (EFE).- El Gobierno de Portugal, liderado por el conservador Luís Montenegro, dio esta semana por concluida su reforma de la regulación migratoria, que ha presentado como necesaria pero que ha dejado entrever una marcada influencia de la agenda ultraderechista y que puede convertirse en un futuro riesgo electoral, según analistas consultados por EFE. El Ejecutivo lo logró después de que el presidente del país, António José Seguro, promulgara este lunes la conocida como 'ley de retorno', con la que buscan acelerar los trámites para las expulsiones y prohibir el "abuso" de los mecanismos de asilo."La nueva ley del retorno de inmigrantes ilegales es la última pieza de la reforma estructural de la inmigración, regulada y humanista", dijo el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro.En efecto, esta última aprobación ha sido el punto y final de una serie de alteraciones legislativas en cuestión migratoria, entre ellas la limitación de la obtención del pasaporte, la autorización de los permisos de residencia y la reunificación familiar y que ha llevado a la creación de una policía de fronteras. Todo ello aprobado con el apoyo de la ultraderecha.En esta última fase, que responde también a la necesidad de adaptar la legislación portuguesa al nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, las modificaciones buscan acortar los procedimientos que pueden llevar al retorno de las personas a su país de origen, incluye cambios en el régimen de acogida en centros de instalación temporal y altera las reglas de permanencia en el país.
Para el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica lusa André Azevedo Alves, existe efectivamente "un problema de inmigración y de falta de control migratorio" en el país, aunque identifica en esta reforma "una tentativa del actual Gobierno de quitar espacio a Chega". "Creo que una cosa no anula la otra", argumentó Azevedo Alves, para quien los conservadores del Partido Social Demócrata (PSD, liderado por el propio Luís Montenegro y que gobierna en minoría) intentan parar el crecimiento de la extrema derecha, en un momento en el que Chega es la principal fuerza de oposición en el Parlamento pese a haber entrado en la unicameral Asamblea de la República apenas en 2019, cuando logró un diputado.Aunque considera que el posicionamiento del Ejecutivo en la cuestión migratoria ha sido "equilibrado" y que… El Partido Popular someterá a votación la próxima semana, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una batería de propuestas para hacer frente a la situación generada en Ceuta tras la llegada masiva de personas migrantes de los pasados 30 y 31 de julio.
La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, articula sus peticiones en torno a cuatro ejes: obras de infraestructura, refuerzo de personal, incorporación de tecnología y cambios en el marco legal vigente.Entre las medidas de infraestructura, el texto reclama la ampliación del espigón del Tarajal como forma de blindar el perímetro fronterizo. A esa obra se sumaría, según plantea la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, un incremento sostenido de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados de manera permanente en la ciudad autónoma.Más jueces, fiscales y personal sanitario para tramitar expedientesLa proposición incluye la incorporación de unidades específicas de Extranjería que permitan resolver con celeridad los expedientes derivados de las entradas irregulares. El documento pide, además, ampliar la plantilla de profesionales sanitarios destinados a Ceuta y trasladar ante los organismos pertinentes la necesidad de sumar jueces y fiscales a los juzgados de la ciudad.
El Partido Popular propone también una nueva modificación de la Ley de Extranjería que permita expulsar en frontera a los migrantes que accedan irregularmente por vía marítima -revirtiendo lo establecido por la sentencia del Supremo del 8 de julio que prohibía precisamente esto-, así como una reforma de la Ley de Asilo redactada de forma que, según el texto, “una entrada por la fuerza no abra automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada conforme a derecho”. Frontex, expulsiones inmediatas y triaje fronterizoLos populares exigen también en su propuesta que el Gobierno de España ponga en marcha los mecanismos legales que permitan el retorno voluntario o la expulsión de aquellas personas que ingresaron irregularmente al país. Con este fin, la propuesta añade el traslado a la ciudad autónoma de los efectivos de Extranjería necesarios y la fijación de un calendario que garantice la resolución de todos los expedientes abiertos.El documento reclama, además, que el Ejecutivo recurra a “todos los instrumentos jurídicos nacionales y europeos disponibles para defender la integridad territorial de Españ…
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