NewzEl proyecto de ley de sometimiento de estructuras ilegales en Colombia ya fue radicado para su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República, según se conoció en la mañana del viernes 16 de octubre: dos días después de la presentación del proyecto y de su mensaje de urgencia por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella.La iniciativa busca crear un marco para que integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley se acojan voluntariamente a la justicia, sin negociaciones políticas ni cambios al orden constitucional. Así, propone una alternativa para el sometimiento colectivo e individual de actores armados ilegales o terroristas, con medidas de verdad y justicia.Además de la necesidad de reparación y garantías de no repetición para las víctimas. En ese sentido, la propuesta pretende facilitar la desmovilización y la reincorporación a la legalidad mediante instrumentos jurídicos, económicos y sociales; teniendo como precedente lo ocurrido con la política de Paz Total promovida por el Gobierno de Gustavo Petro.Más de 28.800 hombres armados integran en la actualidad las estructuras criminales que podrían acogerse a la norma, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia, citados por La FM.
El tratamiento penal diferenciado, en consecuencia, contempla, además, rebajas de condena de hasta 50% o 30%, según se trate de cabecillas o integrantes rasos de estos grupos.La ponencia positiva frente a esta iniciativa fue suscrita por los senadores Hernán Cadavid, Fabio Raúl Amín, Manuel Virgüez y Alfredo Rafael Deluque, y por los representantes Eimy Julieth Suárez, Daniel Briceño, Martha Isabel Ruiz y Guillermo León Blanco; de partidos como Centro Democrático, Mira, Cambio Radical, Colombia Renaciente, Salvación Nacional y la U, como los que lideran esta proposición.Habrá verificación previa para impedir el ingreso de “colados”La principal modificación introducida por los ponentes establece un control previo sobre las listas de miembros de los grupos que pretendan someterse. Con ello, el Ministerio de Justicia seguirá recibiendo los listados de buena, pero su aceptación a la ley quedará condicionada a las verificaciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.El cambio busca evitar que personas sin vínculos con las organizaciones ilegales accedan a beneficios penales. Las listas permanecerán bajo reser…
Los abogados defensores en el juicio por el bulo del 'caso Bar España' han solicitado en la primera sesión del juicio que se sigue en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón la prescripción de los delitos de los que se acusa a sus patrocinados -contra la integridad moral, calumnias e injurias continuadas con publicidad contra autoridades, funcionarios públicos y particulares-, respecto a lo que el juez ha señalado que se pronunciará en sentencia.Así, este viernes ha comenzado con casi dos horas de retraso -debido a problemas con la red de internet de Justicia- la vista oral contra las seis personas que están acusadas de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', por el que se atribuyó con informaciones falsas, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló. Además, será juzgado el editor de un medio digital como responsable civil.El fiscal ha comenzado su intervención destacando que modificará las conclusiones provisionales, al considerar que los delitos contra la integridad moral se cometieron de forma continuada, ante lo que los abogados de la defensa ha mostrado su oposición.Tanto el ministerio público como el resto de partes han afeado que algunos de los acusados vayan a prestar declaración mediante videoconferencia, sin comparecer en la sala de vistas. Al respecto, algunos letrados de la defensa han subrayado que esto podría restar seguridad jurídica.Así mismo, uno de los abogados ha solicitado que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps comparezca en la sala para declarar como testigo y no por videoconferencia, petición que ha sido rechazada por el juez.Por otra parte, otros dos testigos, entre los que está el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, han solicitado no comparecer en el juicio por enfermedad.
A petición del fiscal, el juez ha acordado que ambos declaren por videoconferencia o que justifiquen que no pueden declarar para poder valorarlo.FALTA DE LEGITIMACIÓNEn la sesión de hoy, las defensas también han solicitado la falta de legitimación activa de la Fiscalía respecto de los delitos de injurias y calumnias de particulares, cuestión sobre la que el juez ha indicado que se pronunciará el próximo martes.El juez finalmente ha deci…
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