NewzLa vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha anunciado que la formación va a registrar una proposición no de ley (PNL) y una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ministerio de Sanidad el despliegue en Ceuta del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START, por sus siglas en inglés), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)."La situación que se está viviendo en Ceuta, que se mantiene desde el 30 y el 31 de julio, es de absoluta excepcionalidad y por lo tanto es un recurso al que el Gobierno de España debería haber recurrido ya para intentar bajar la presión asistencial en los centros de salud y en el hospital", ha aseverado Fúnez este jueves en declaraciones a los medios tras reunirse con profesionales sanitarios en Ceuta.Según ha detallado, el Gobierno ya recurrió a este grupo de profesionales, formado por médicos, enfermeros y técnicos de enfermería que atienden "situaciones de emergencia dentro o fuera" del país, para habilitar espacios en los que atender a las personas migrantes.Por ello, ha demandado que se recurra de nuevo al equipo para "descongestionar la presión" que ha asegurado que sufren los sanitarios del Hospital Universitario de Ceuta, cuyo "compromiso" ha permitido mantener el sistema sanitario de la ciudad autónoma.ATENCIÓN EN URGENCIAS TRIPLICADAFúnez ha advertido de que la situación sanitaria es de "colapso" en la ciudad autónoma, después de que se hayan triplicado las atención en Urgencias, pasando de "100" a "más de 300", con consecuencias para la salud mental de los profesionales.En este punto, ha desmentido las cifras sobre contratación de sanitarios en los últimos meses ofrecidas por el Ministerio de Sanidad. "Una cosa son los contratos y otra cosa son los profesionales que están atendiendo, porque muchos de esos profesionales han firmado dos o tres contratos en las últimas semanas", ha precisado.Asimismo, ha destacado que el equipo START permitiría dar una mejor respuesta a las enfermedades respiratorias, como la gripe y la Covid, que repuntarán con la llegada del otoño. "Ya que el Gobierno llegó tarde ante esta crisis, al menos vamos a adelantarnos a la situación vírica y sanitaria que se pueda dar en los próximos meses", ha afirmado.TRASLADARÁ LA SITUACIÓN A BRUSELASPor otra parte, ha avanzado que el PP ll…
Un día después de que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicara en su página de aspirantes la hoja de vida de quién será el nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías (FNG), en Colombia revivieron viejos episodios de Fernando Isaza Gutiérrez antes de ser nombrado por Abelardo de la Espriella.Y es que el ingeniero industrial de 60 años no es ajeno del Gobierno y de las autoridades judiciales, pues su nombre aparece aparece vinculado a una serie de contratos de arrendamiento de baldíos de la Nación en las Islas del Rosario, donde funcionaba un negocio hotelero sobre terrenos estatales.Según una investigación publicada en su momento por la revista Cambio, entre 2015 y 2023, la sociedad Laguna Encantada S.A.S. arrendó un predio de 61.393 metros cuadrados. En ese lugar opera el hotel San Pedro de Majagua.El canon mensual fijado para ese contrato fue de 9,3 millones de pesos, mientras que el complejo hotelero mantenía unas taríficas elevada, llegando a superar el millón de pesos por noche de hospedaje.Detrás de Laguna Encantada S.A.S.
estaban Isaza y el empresario Cristian Bellingrodt Salom. Para entonces, el actual designado al FNG era secretario de Tránsito de Barranquilla, según Cambio.La relación comercial entre ambos también incluyó otro contrato firmado en 2016 con el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). El acuerdo tuvo una vigencia de ocho años y recayó sobre un baldío de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel San Pedro de Majagua.El valor mensual acordado para ese segundo terreno fue de 900.000 pesos.
De esa forma, los dos contratos abarcaron una extensión superior a 71.000 metros cuadrados de predios de la Nación.Los convenios representaban pagos mensuales cercanos a 10,2 millones de pesos por el uso de los dos lotes. El negocio hotelero operaba en una zona turística del Caribe colombiano.La Agencia Nacional de Tierras demandó el contrato del hotelLos contratos asociados con Isaza hicieron parte de las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para examinar antiguos arriendos de baldíos durante el gobierno de Gustavo Petro.El contrato relacionado con el hotel estuvo entre los acuerdos que la entidad llevó a los tribunales entre 2022 y 2023. La medida formó parte de un proceso para recuperar terrenos estatales y revisar las condiciones bajo las cuales habían sido expl…
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