La ley contra el odio en Venezuela podría cambiar para siempre: este martes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió su reforma al Parlamento.Esta norma ha sido señalada por organizaciones no gubernamentales y por la oposición como parte del "marco legal represivo" aplicado en los últimos años contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.La "Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" fue impulsada en 2017 por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en EE. desde enero.Tiene 25 artículos y prohíbe partidos políticos u organizaciones sociales que promuevan "el odio, la intolerancia y la guerra", así como mensajes en medios de comunicación y redes sociales con ese contenido. RELACIONADAS Europa Proposición de ley contra las "formas renovadas del antisemitismo" genera revuelo en Francia América Latina Parlamento venezolano admite mal uso de Ley contra el odio, que afectó a presos políticos América Latina Delcy Rodríguez reconoce que la ley contra el odio en Venezuela fue "mal aplicada" Entre los castigos, contempla la prisión de diez a veinte años a quien "fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia", así como la revocatoria de la concesión al "prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes" de ese tipo.El objetivo de la ley, según su primer artículo, es "contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco".Si bien puede parecer un instrumento de protección, la sociedad civil y la oposición, así como organizaciones internacionales, denuncian que ha sido usada para perseguir a la disidencia política y restringir la libertad de expresión.Uso de la leyLos expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.La ONG Espacio Público -dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión- afirma que la norma ha sido utilizada "de manera selectiva contra la disidencia y el periodismo".
En ese sentido, advierte que la ley "utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cue…
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