NewzLa defensa legal de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), presentó un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado el 23 de julio por el juez Ubaldo de la Sancha, quien le impuso prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio calificado.Los abogados exigieron su liberación en una conferencia de prensa celebrada este 29 de julio en las oficinas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Chilpancingo, y denunciaron que la carpeta de investigación contiene testimonios contradictorios y documentos con firmas presuntamente falsificadas.Jesús Galindo, de 41 años, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.Un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como presunto responsable del asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021, y lo vinculó con los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Tlacos”.La apelación fue presentada el pasado 28 de julio ante el juzgado de control. La sala penal unitaria tiene entre tres y seis meses para resolver. La defensa espera que los magistrados revoquen el auto de vinculación y dicten libertad a favor de Galindo.La orden de aprehensión se basa en dos testimonios que la defensa considera fabricadosEl abogado Aarón Díaz, de Tlachinollan, explicó que la orden de aprehensión fue librada el 11 de junio de 2026 por el juez Emmanuel Reyna Vélez.
La acusación señala que Galindo habría ordenado el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de Xicotlán, el 30 de octubre de 2021.Según los datos revelados, la orden se sustentó principalmente en la declaración de la hija de Xanteco Bartolo, rendida el 3 de junio de 2026, cinco años después de los hechos. La mujer habría afirmado haber guardado silencio por miedo, pero según los datos revelados este 29 de julio, la esposa de la víctima declaró ante la fiscalía en junio de 2022 que desconocía quién había matado a su esposo. Esa contradicción fue presentada por la defensa como evidencia ante el juez.El segundo testimonio pertenecería a un hombre identificado como Marcos Campos Ahuejote, quien habría muerto en mayo de 2022.
Casi 500 días después de que la diáspora italiana, de millones de personas, fuera afectada por cambios radicales en las leyes de ciudadanía del país en marzo de 2025, la batalla legal por la ciudadanía italiana por descendencia continúa. Ahora, tras la sorpresiva referencia de la nueva limitación de dos generaciones para el escrutinio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la semana pasada, la diáspora tuvo una gran victoria legal: la anulación de otra regla reciente que reduce las vías de acceso a la ciudadanía para decenas de miles de personas alrededor del mundo. La llamada “cuestión menor”, impuesta por el Gobierno italiano en octubre de 2024, dictaminó que los descendientes nacidos en los llamados países de ius soli, que otorgan la ciudadanía a cualquiera que nazca allí, perderían su ciudadanía italiana si sus padres se naturalizaran en el nuevo país.
Afectó en particular a los descendientes de las Américas, donde el ius soli (o jus soli) es predominante. Gente en países como EE.UU., Brasil, Argentina y Canadá vieron bloqueado de la noche a la mañana su camino hacia un pasaporte italiano, que ocupaba el cuarto lugar en el Índice de Pasaportes Henley en julio. Pero ahora, en un giro histórico, la Corte Suprema de Italia anuló la “cuestión menor”, dictaminando que los niños que adquirieron automáticamente la ciudadanía en el país de su nacimiento no pierden su ciudadanía italiana cuando sus padres renuncian a la suya.
El fallo histórico, emitido el 27 de julio, sigue a la audiencia del 14 de abril en la que las Sezioni Unite —la máxima instancia de la Corte di Cassazione, la Corte Suprema de Italia—, escuchó los casos de tres familias, una venezolana y dos estadounidenses, a las que la “cuestión menor” había impedido obtener la ciudadanía. La abogada Monica Restanio, cuyos argumentos en la corte en representación de la familia venezolana fueron responsables de ganar el fallo que abolía la cuestión menor, dijo que estaba emocionada. “Lograr este resultado era un sueño personal, del tipo que motiva a todo abogado cuando decide defender un derecho en el que creen profundamente”, dijo a CNN.
“Hoy, lo que parecía un sueño imposible se ha vuelto realidad”. Atribuyó el inesperado cambio de actitud del tribunal a “años de estudio, investigación y trabajo incansable” que se habían invertido en su argumento legal, que presentó junto a Leo Piccininni, profeso… BOGOTÁ (AP) — La que fuera una de las colaboradoras más cercanas del presidente Gustavo Petro lo denunció el miércoles ante la comisión que investiga aforados en el Congreso por presuntos delitos como tráfico de influencias e injuria.Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) hasta enero y actual gerente del Fondo Adaptación, denunció la presunta presión de Petro para que trasladara “sin justificación” dineros de la entidad que dirige y “maltrato psicológico”.La funcionaria ha denunciado en los últimos días que los desacuerdos con el mandatario saliente se dieron desde que se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes por no cumplir los requisitos, un caso que está siendo investigado por la fiscalía, en la época que ejercía como directora del DAPRE y era la mano derecha de Petro.“En su relato Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Gustavo Petro que seguían sus instrucciones y abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”, indica la demanda presentada ante la la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar al presidente y otros aforados.Petro acusó a Rodríguez de ataques “calumniosos” en su contra y la víspera anunció que la demandaría penalmente, mientras que la señaló de colaborar con “sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida”, sin mostrar pruebas.Ante la comisión, Rodríguez advirtió que ha recibido amenazas de muerte, como llamadas intimidantes al parecer de estructuras criminales que “buscan silenciarla para que no continúe denunciando públicamente lo sucedido al interior" del palacio presidencial.El presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que le brindará protección a Rodríguez para que continúe denunciando tan pronto se poseione el 7 de agosto.
Summary from source