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El Observatorio de Prisiones atribuye al “abandono institucional” la muerte de otro recluso en cárceles venezolanas

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La investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell sumó este lunes un giro decisivo: la Justicia ordenó la detención de su madre, Lucía Sosa (44), quien quedó acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, que desde hace casi una semana intenta reconstruir qué ocurrió con la menor, fallecida el pasado 21 de julio.Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la mujer deberá permanecer alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado interviniente y de la fiscalía que investiga el caso. El operativo fue encabezado por la DDI de Dolores en conjunto con la Sub DDI de Villa Gesell con el abal del Juez de Garantías N° 6 Leopoldo Mancinelli.La detención se produjo en la antesala de una jornada clave para la investigación. Es que, este miércoles, está previsto que declare como testigo Lucas Ruiz (17), uno de los hijos biológicos de Sosa, quien días atrás responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de sus tres hermanas y pidió que permaneciera “presa o en un psiquiátrico”.

Los investigadores consideran que su testimonio podría aportar datos sobre la dinámica familiar y los antecedentes de la mujer. El caso Todo comenzó el 20 de julio, cuando Sosa llevó a su hija Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia. Según declaró la mujer, la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Sin embargo, el informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia obstructiva, lo que generó una severa hipoxemia y derivó en un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las las maniobras de reanimación durante 40 minutos, el equipo médico no logró revertir el cuadro. La fiscalía intervino tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, que descartó la versión inicial de la madre y orientó el expediente hacia la hipótesis de un posible homicidio.Los antecedentes de SosaLa mujer había sido juzgada en 2018 por la muerte de Yazmín, su hija de 11 meses fallecida en 2016 en Mar del Plata.

Tanto ella como su entonces pareja permanecieron prófugos varios días antes de entregarse. Ambos estuvieron detenidos casi dos años. Durante el proceso, insistieron en su inocencia.

Al menos 37 reclusos han fallecido en las cárceles venezolanas desde abril pasado. El último caso se registró este lunes, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que acusa al gobierno nacional de faltar a su promesa de rehabilitar y modernizar el sistema carcelario mediante las llamadas “intervenciones”.“Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, aseguró el OVP.La ONG sostiene que “cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”.Promesa incumplidaEl recluso fallecido respondía al nombre de Luis Felipe Moreno y se encontraba en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, en el estado Anzoátegui, oriente del país. El OVP señala que ese lugar alberga a más de 1.400 presos, incluido un contingente importante que llegó desde otro penal ubicado en el estado oriental de Monagas, tras una “intervención” ejecutada por las autoridades en noviembre de 2023.Hace poco menos de tres años, el gobierno desplegó la operación Gran Cacique Guaicaipuro en el Internado Judicial de Monagas, con el objetivo declarado de recuperar el control de sus instalaciones y acabar con el “pranato” -jefes de bandas criminales que operan dentro de estos establecimientos-.“La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”, cuestiona el OVP.Los defensores de los derechos de los reclusos indican que “lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema”, las llamadas “intervenciones penitenciarias” ordenadas por el régimen chavista “dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.El OVP demanda “una inmediata rendición de cuentas sobre el destino de los centros intervenidos, transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de lib…

Los primeros resultados de la investigación sobre la muerte de Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo, de 68 años, y su hijo, Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41, encontrados sin vida en un apartamento de la avenida Rómulo Betancourt, en el Distrito Nacional, indican que los cuerpos no presentan signos de violencia.El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, precisó que el reporte responde a un informe preliminar y que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), una vez concluya las autopsias, en determinar la causa de los fallecimientos.“Estamos a la espera de los resultados del Inacif en cuanto a la autopsia que está siendo practicada a ambos cadáveres. De manera preliminar hemos recibido un informe no oficial de que no presentan signos de violencia hasta el momento”, declaró Pesqueira.Creía que estaban de viajeLa familia de Lucinda creyó durante varios días que ella y su hijo habían salido de fin de semana. Según relató un vecino del edificio, la mujer le comunicó a otro de sus hijos, durante la última conversación que sostuvieron, el jueves anterior al hallazgo, que saldrían de la ciudad.Víctor Mateo, propietario de una ferretería ubicada en los alrededores del residencial, relató que el hijo de la mujer, miembro de las Fuerzas Armadas, acudió al lugar tras el hallazgo y explicó que asumió que ambos estaban fuera de la ciudad porque su madre le había dicho que saldrían de fin de semana.

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