NewzEl Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el 30 de septiembre los resultados de la Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples, ENAPROM 2025, que determinó que el 13.4% de los hogares de Guatemala tiene al menos una persona con discapacidad. La medición busca aportar información para formular, seguir y evaluar políticas públicas sobre las barreras que enfrentan estas personas en el cuidado, el acceso a dispositivos, la salud, el transporte y el empleo.El relevamiento se concentró en la población de cinco años o más y estableció que el 3,9% presenta mucha dificultad o imposibilidad para realizar al menos una actividad funcional. La encuesta se realizó mediante entrevistas directas en 5,760 viviendas de las ocho regiones del país e incluyó a residentes habituales de viviendas particulares.La metodología vinculó las dificultades funcionales con las condiciones del entorno.
Para identificar a la población con discapacidad, el INE aplicó el Conjunto Corto de Preguntas sobre Funcionamiento del Grupo de Washington, basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud.Las áreas evaluadas fueron visión, audición, movilidad, cognición, cuidado personal y comunicación. Una misma persona puede presentar dificultades en más de uno de esos dominios, por lo que los porcentajes específicos no deben sumarse.La discapacidad aumenta a partir de los 60 añosLa prevalencia crece de forma sostenida con la edad: alcanza al 1,2% de las personas de cinco a 14 años, al 1.7% del grupo de 15 a 29 años y al 3,5% entre quienes tienen de 30 a 59 años. En la población de 60 años o más, la proporción asciende al 19%.Las mujeres registran una proporción de discapacidad de 4,1%, frente al 3,6% de los hombres.
La diferencia también se observa por área de residencia: el indicador llega al 4,2% en zonas urbanas y al 3,4% en áreas rurales.La limitación más frecuente es la movilidad: el 1,7% de la población de cinco años o más reportó mucha dificultad o imposibilidad para caminar o subir escaleras. Le siguen las dificultades para ver, incluso con lentes o anteojos, con 1,6%; para oír y para recordar o concentrarse, con 0,8% cada una; para comunicarse, con 0,7%; y para el cuidado personal o vestirse, con 0,5%.El 71.2% de las personas con discapacidad necesita ayuda para realizar alguna actividad cotidiana y requ… La Tesorería General de la Seguridad Social ha empezado a enviar miles de liquidaciones complementarias para que un total de 4.894 empresas reintegren pequeñas cantidades que oscilan entre 500 y 1.000 euros tras destapar un fraude millonario en cursos de formación liderado por un importante empresario, Pedro Arribas Marañón, al que la prensa murciana definió “como el hombre de los mil negocios’.
De hecho, en el registro mercantil su nombre aparece vinculado a 70 sociedades, la gran mayoría especializadas en prestar estos cursos de formación. Aunque también ha hecho sus pinitos en el mundo del fútbol. Fue el presidente del Rayo Majadahonda y ahora su familia ha comenzado una nueva aventura en el Fútbol Club Cartagena.Tras una denuncia de CCOO, la Unidad Especializada en el Área de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una investigación contra la empresa ‘Asesoramos tu formación con Calidad’, cuyo administrador es Arribas.
‘Asesoramos’ es una firma que “opera en el tráfico jurídico de la formación profesional para el empleo bonificada, en calidad de entidad organizadora de acciones formativas”. Es decir, recibe subvenciones públicas para dar cursos de formación a otras compañías. ‘Asesoramos’ recibió 11.142.609 euros de fondos públicos para impartir cursos en el ejercicio 2023.
“Pero esta empresa incurrió, como entidad organizadora, en la falta de observancia de todos y cada uno de los requisitos que exige la normativa legal en relación con los costes de las acciones formativas para que éstas puedan tener el carácter de bonificables con cargo al crédito de formación de las empresas”, explica la Seguridad Social, que detectó que de los 11,1 millones de euros solo se habían realmente gastado 524.440 euros, el 4,71% del dinero aportado. ‘Asesoremos’ utilizó a su vez una pequeña red de otras siete firmas como proveedores de esos cursos de formación.“De esta forma, se constata que se ha producido una interposición de empresas vinculadas para facturarse a sí mismas con la única intención de enmascarar unos costes irreales. Esta operativa permite obtener unos beneficios desorbitados con cargo exclusivo a recursos públicos, a través de las bonificaciones aplicadas en las cuotas de la Seguridad Social por parte de sus empresas clientes, las cuales no asumen coste alguno, porque los ser…
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