NewzÁvila, 17 sep (EFE).- La Audiencia Provincial de Ávila ha absuelto a dos acusados de un delito de agresión sexual contra una menor de edad en septiembre de 2015 en un descampado de la capital, para los que la Fiscalía pedía 22 y 10 años de prisión, respectivamente, ante las dudas sobre la veracidad del testimonio de la víctima y sus contradicciones.Tras el juicio celebrado a principios del pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha comunicado este jueves la sentencia, en la que los magistrados aplican el principio 'in dubio pro reo' (en caso de duda a favor del reo) que rige en el Derecho Penal.En tanto la resolución de la Audiencia Provincial de Ávila no adquiera firmeza (puede ser recurrida ante el TSJCYL), se mantienen en vigor las medidas cautelares de orden de protección y alejamiento e incomunicación de los dos juzgados y ahora absueltos respecto a la denunciante.Durante el juicio, el Ministerio Fiscal rebajó de 33 y 12 años de cárcel a 22 y 10 años para los dos hombres, respectivamente, al considerarlos supuestos responsables de un delito de agresión sexual cometido contra una menor de edad en septiembre del año 2015 en un descampado de Ávila, y otro de cooperación necesaria en la comisión de dicho delito.Por su parte, la defensa solicitó la absolución de ambos, al creer que no había quedado acreditada la participación de los dos que los dos procesados han negado durante el juicio, tanto al inicio de la vista oral a su término. Para decretar la absolución de los dos acusados argumenta la "ausencia de certeza sobre la total veracidad del testimonio" de la víctima, que según la Audiencia Provincial incurrió en varias "contradicciones" en todo el proceso.La sentencia remarca que la única prueba directa de lo sucedido parte de la víctima y desecha tanto la declaración de una compañera por sus numerosas contradicciones, como la de la madre de la joven, al conocer lo sucedido a través del relato de su hija.El tribunal señala que el informe psicosocial es "neutro" e indica que la ausencia de lesiones o fluidos, ya que el examen se realizó 15 días después de los hechos, no permiten concluir si hubo uso da la fuerza.Por todo ello, aunque sí se cumple la credibilidad subjetiva de la víctima, no se cumple "la credibilidad objetiva o verosimilitud del testimonio", por las contradicciones del relato de la joven frente a o… La denuncia de presunta agresión sexual contra un escolar del colegio Liceo Naval que, según la información preliminar de su sector, habría ocurrido dentro de un bus tras una actividad deportiva, aún tiene diversas interrogantes.
La ministra de la Mujer, María Seminario, no precisó si algún profesor, entrenador, chofer u otro adulto estuvo presente durante el trayecto. Seminario señaló que la información remitida a su despacho apunta a que la agresión habría ocurrido en el bus escolar que trasladaba a los alumnos luego de una actividad deportiva. Sin embargo, indicó que no tenía detalles sobre el recorrido, el momento exacto de los hechos ni las personas que se encontraban en el vehículo.La funcionaria tampoco aclaró si la institución educativa ya identificó al profesor, entrenador u otro responsable que habría acompañado al grupo durante el traslado.Investigación deberá establecer si hubo omisión de quienes estaban a cargoEl abogado penalista César Nakazaki explicó que un adulto a cargo del grupo podría afrontar una investigación penal si se determina que permitió la agresión o dejó de intervenir pese a tener el deber de evitarla.“El adulto podría incurrir en delito si es que lo ha permitido”, señaló el abogado.
Añadió que la eventual responsabilidad dependerá de establecer cuál era el rol del profesor, entrenador o responsable en el bus y si tuvo conocimiento de los hechos.Nakazaki indicó que también corresponde evaluar una posible responsabilidad civil de la institución educativa, en función de las conclusiones de la investigación. Esto incluye determinar si existían antecedentes de acoso escolar o hechos de violencia que no hubieran recibido una respuesta adecuada.El penalista consideró que, si se confirma un problema extendido de violencia dentro del colegio, las autoridades podrían adoptar medidas administrativas, como una reorganización y acciones de protección para los estudiantes. Si se tratara de un hecho aislado, la respuesta institucional tendría otro alcance.Fiscalía tomará declaraciones de retenidos La disposición del fiscal Mariano de la Torre Hernández incluye recabar las declaraciones de los 10 menores retenidos, quienes permanecen en la Comisaría de Familia de Lima Bertha González Posada Eyzaguirre.Las versiones de los estudiantes serán claves para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer quiénes estuvieron en el vehículo y defin…
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