NewzWashington, 21 oct (EFE).- El demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers se enfrentaron este miércoles en el último debate de la campaña para el Senado por Michigan, en el que discreparon sobre la guerra contra Irán, el costo de vida y la política a favor de Israel, además de intercambiar acusaciones sobre sus respectivas posiciones políticas.El debate, celebrado en Southfield, tuvo lugar a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en una contienda que puede influir en qué partido controla el Senado de Estados Unidos.El-Sayed responsabilizó al presidente Donald Trump del encarecimiento de la gasolina y los alimentos, mientras que Rogers lo acusó de utilizar las críticas al mandatario para evitar explicar sus propias propuestas.La guerra contra Irán ocupó parte del intercambio. El-Sayed cuestionó la intervención militar y reclamó que el Congreso se pronuncie sobre los poderes de guerra del presidente.Rogers también defendió poner fin al conflicto, pero advirtió de que permitir que Irán controle el estrecho de Ormuz o consiga desarrollar un arma nuclear podría agravar la subida de los precios de la gasolina.Los candidatos también discreparon sobre la sanidad, los aranceles y la relación con Israel. Rogers criticó la propuesta de El-Sayed de establecer un sistema sanitario universal financiado por el Estado y sostuvo que requeriría fuertes incrementos de impuestos.Además, lo vinculó con los Hermanos Musulmanes, una organización islamista sunita fundada en Egipto, y puso en duda que pudiera obtener la autorización de seguridad necesaria para acceder a información clasificada, acusaciones que el demócrata rechazó y calificó de vergonzosas.El-Sayed, exresponsable de salud pública y defensor de políticas progresistas, aspira a ocupar el escaño que dejará vacante el senador demócrata Gary Peters.
Rogers, excongresista republicano, cuenta con el respaldo de Trump.La disputa es una de las que los dos partidos consideran clave para las elecciones de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, cuestionó este 21 de octubre las limitaciones que el Congreso de la República impuso al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado dentro y fuera de los penales. Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del sector advirtió que las restricciones aprobadas por el Senado “denotan cierto espíritu mezquino” en un contexto donde las bandas criminales, según indicó, ya logran superar los bloqueadores de señal instalados en los centros penitenciarios.El cuestionamiento se produjo horas después de que el Pleno del Senado diera luz verde definitiva al proyecto de delegación de facultades presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori el 28 de agosto.
El trámite demoró casi dos meses, entre la presentación inicial, el debate en la Cámara de Diputados y la votación final en el Senado, realizada con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.El ministro explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya trabaja en un mapeo de inteligencia para identificar cómo operan las organizaciones criminales desde el interior de los penales de alta peligrosidad. Según detalló, no todos esos establecimientos cuentan con bloqueadores de celulares y, donde existen, su funcionamiento resulta deficiente frente a los sistemas tecnológicos que manejan algunos internos.Senado aprobó la participación de las Fuerzas Armadas solo en el resguardo externo de los penalesEl dictamen aprobado por el Senado incorporó siete puntos que no habían sido aceptados previamente por la Cámara de Diputados, entre ellos la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios. Esta disposición figura como el quinto punto de los 27 que integran la delegación de facultades, junto con la calificación de “grupos hostiles” para organizaciones criminales y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia.El ministro sostuvo que esa fórmula resulta insuficiente.
A su juicio, el combate contra las bandas criminales requiere una coordinación más amplia entre el sistema penitenciario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con un intercambio directo de inteligencia y recursos tecnológicos que, dijo, no siempre están disponibles para e…
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