NewzUna misión independiente de Naciones Unidas ha alertado que redes extranjeras que operan en varios países reclutan, entrenan y despliegan personal para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), además de facilitar la transferencia de armas, municiones, tecnología militar y apoyo logístico, permitiendo así operaciones militares de los rebeldes "cada vez más sofisticadas" que alimentan la guerra en Sudán y tienen "consecuencias devastadoras para los civiles".El informe --elaborado por la misión internacional independiente de investigación de la ONU para el país y titulado 'Alimentar el conflicto de Sudán: armas, combatientes y redes de apoyo externo'-- documenta el despliegue de hasta 2.000 excontratistas militares colombianos que operaban con drones, artillería y armas junto a unidades de las RSF en zonas como Darfur y Kordofán.El documento apunta a que las RSF utilizan aparatos no tripulados suministrados por fuerzas extranjeras en sus operaciones. Asimismo, plantea que existen "motivos razonables" para concluir que entidades privadas, intermediarios logísticos y reclutadores que operan desde países extranjeros --incluidos Colombia y Estados Árabes Unidos-- utilizan lugares como Chad, el sudeste de Libia y Bosaso, en Somalia, para facilitar apoyo armamentístico y logístico al grupo."Encontramos una cadena transnacional de redes que abarcan varios países y que proporcionaba a la RSF personal extranjero, entrenamiento, armas y logística", señala una miembro experta de la misión, Mona Rishmawi, que describe cómo esta ayuda militar contribuyó al desarrollo de operaciones de las RSF en el campamento de Zamzam y al asedio de El Fasher, donde la misión documentó graves violaciones de Derechos Humanos.Entre los ataques que investigó la misión para la elaboración del informe se encuentran los bombardeos de las RSF en la localidad de Kalogi, en Kordofán meridional --donde murieron 114 personas, incluidos unos 60 niños-- y ataques de las Fuerzas Armadas de Sudán en Ad Daein, en Darfur Oriental, que dejaron al menos 70 fallecidos y daños a un hospital.Asimismo, también documenta ataques con drones de las RSF en El Obeid, Kordofán del Norte, especialmente entre julio y agosto de 2026, que afectaron de forma repetida a infraestructuras civiles. Todos esos ataques, según la misión, podrían constituir "violaciones graves del Derecho Humanitario" y "equivaler a crímenes d…
Ginebra, 3 sep (EFE).- Hasta 2.000 antiguos militares colombianos han sido reclutados y desplegados como modo de personal militar privado en Sudán para combatir junto a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el Ejército sudanés en una guerra interna que ha provocado una de las mayores catástrofes humanitarias y de desplazamiento en el mundo en los últimos años.Así lo afirma la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Sudán en un informe que ha hecho público hoy y en el que expone evidencia de la existencia de redes transnacionales que están proporcionando combatientes, armas, munición, tecnología militar y apoyo logístico a las partes enfrentadas, alimentando así este conflicto.La información recogida indica que los contratistas militares colombianos operaron directamente drones de combate, artillería y armamento avanzado junto a unidades de las FAR en Darfur y Kordofán.Asimismo hay evidencia "que permite creer que el Ejército de Sudán ha utilizado drones suministrados desde el extranjero en sus operaciones que causaron daños a civiles y bienes de carácter civil".La misión también identificó una red en la que empresas privadas, intermediarios logísticos y reclutadores con operaciones en países como Colombia y Emiratos Árabes Unidos utilizaron puntos de tránsito en Chad, el sureste de Libia y Bosaso (Somalia) para facilitar el traslado de personal, entrenamiento, armas y suministros a las FAR.La misión considera que los ataques documentados constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que algunos pueden constituir crímenes de guerra.Asimismo, recordó que los Estados vinculados a estas cadenas de suministro tienen la obligación legal de actuar con la debida diligencia, investigar y detener las redes ilícitas de mercenarios y suministro que operen desde sus territorios o a través de ellos."La rendición de cuentas no puede detenerse en quienes ejecutan los ataques", afirmó la experta de la misión Joy Ngozi Ezeilo, quien reclamó investigar toda la cadena de responsabilidad, incluidos quienes ordenan, financian, suministran o facilitan los crímenes internacionales.
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