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La violencia e inseguridad en Cuba dejaron 314 incidentes y 52 homicidios durante agosto de 2026

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La proliferación de armas, disparos y asaltos expone un deterioro de la seguridad en Cuba, donde el Estado mantiene un estricto control formal sobre el armamento pero no logra impedir que pistolas y revólveres lleguen a manos de civiles ni proteger a la población de una violencia cada vez más frecuente.La dimensión del problema quedó reflejada en agosto de 2026: Cubalex documentó 314 hechos de violencia e inseguridad durante ese mes, entre ellos 52 homicidios, además de robos y asaltos cometidos con armas blancas y armas de fuego.Los episodios ya no se limitan a zonas consideradas conflictivas. Los reportes ciudadanos y el monitoreo independiente incluyen asaltos a mano armada, robos violentos en viviendas y tiroteos, como el ocurrido recientemente en Matanzas, que terminó en un feminicidio.El aumento de las denuncias contrasta con la ausencia de cifras oficiales sobre delitos cometidos con armas de fuego. Las autoridades cubanas, sin embargo, han reconocido el incremento de la actividad delictiva y la presencia de pistolas y revólveres entre la población civil, un fenómeno que durante años fue negado o minimizado.Penas de hasta cinco años por la tenencia no autorizadaEl Código Penal vigente, establecido por la Ley 151/2022, castiga la tenencia, portación y tráfico ilegal de armas de fuego.

Su artículo 276 fija penas de dos a cinco años de prisión por la posesión no autorizada, con sanciones más altas según el tipo de armamento y la conducta atribuida al infractor.La normativa también agrava las condenas para delitos en los que se emplee fuego real. Pero la dureza legal no ha impedido el aumento de los hechos violentos ni ha establecido mecanismos eficaces para prevenirlos.Los juristas Maylin Fernández y Edel González sostuvieron que la gravedad del problema excede el castigo penal: “El problema no radica únicamente en la severidad de las sanciones que establece el Código Penal, sino en la eficacia de las políticas de prevención, la investigación de los delitos y la protección de las víctimas. Un Estado puede imponer penas rigurosas y, al mismo tiempo, fracasar en su obligación de prevenir la violencia”.La respuesta institucional requeriría controles sobre la circulación ilegal de armamento, investigaciones transparentes y rendición de cuentas.

Esas condiciones no están presentes, mientras la actividad policial se concentra en la persecución de la disidenci… La mayoría de las observaciones que realiza el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) durante la revisión de proyectos de construcción está relacionada con aspectos que pueden comprometer el comportamiento de las estructuras ante un terremoto, aunque la institución no dispone de estadísticas que permitan determinar cuántos proyectos han presentado esas deficiencias.El organismo informó a Diario Libre que entre los problemas más comunes detecta omisiones de cargas importantes en los modelos de análisis, deficiencias en el acero de refuerzo y dimensiones insuficientes de columnas, vigas, muros y otros elementos que podrían provocar desplazamientos excesivos durante un sismo.También encuentra conexiones inadecuadas entre elementos estructurales, problemas de estabilidad en las cimentaciones, inconsistencias entre los cálculos y lo mostrado en los planos, así como memorias de cálculo incompletas o documentación insuficiente para demostrar el cumplimiento de las normas.El propio ministerio señala que “la mayoría de las observaciones” que emite está relacionada con la resistencia, estabilidad, ductilidad y adecuado diseño de los componentes estructurales, factores que pueden comprometer el desempeño de una edificación durante un sismo.Puede frenar la aprobaciónLa Ley 160-21, que crea el Mivhed, dio a esa entidad competencias de regulación, permisos y supervisión de las edificaciones, mientras el Reglamento R-004 desarrolla el procedimiento de inspección de las obras privadas para comprobar que sean ejecutadas conforme a los planos y especificaciones aprobados. Antes de autorizar un proyecto, el ministerio revisa su capacidad para resistir las fuerzas sísmicas correspondientes a su ubicación, la distribución de columnas, vigas y muros, la cimentación y el estudio geotécnico, los desplazamientos previstos y la continuidad del sistema que transmite las fuerzas hasta las fundaciones.

También toma en cuenta elementos no estructurales que puedan desprenderse durante un terremoto.Cuando la documentación no cumple con las exigencias, Vivienda emite un dictamen con las correcciones necesarias y mantiene pendiente la aprobación. Según la institución, la licencia de construcción no se entrega hasta que se comprueba el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad estructural.El control no termina con los planos. Una vez iniciada la construcción, debe…

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