La auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud a la Alcaldía de Medellín fue reactivada después de que un juzgado ordenara continuar con la actuación que había sido suspendida de manera temporal por una tutela presentada por el Distrito.La decisión revive la polémica por las inspecciones que la Supersalud ha adelantado en Antioquia sobre entidades vinculadas a la Gobernación y a la administración de Medellín. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín había concedido días atrás una medida cautelar para proteger el derecho al debido proceso del Distrito mientras estudiaba el fondo del caso, pero ahora permitió que la diligencia siguiera adelante.El superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró que funcionarios de la entidad regresaron a La Alpujarra para revisar la gestión de los recursos y la prestación de servicios de salud en la ciudad. La auditoría ha estado rodeada de cuestionamientos políticos y jurídicos, especialmente por la relación entre Quintero y la administración local, hoy encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez.“Nuestro equipo de auditores va camino a la Alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras”, dijo Quintero.Juzgado avaló la actuación de la SupersaludLa controversia comenzó cuando la Alcaldía de Medellín acudió a la justicia para frenar temporalmente la auditoría.
El Distrito alegó posibles afectaciones al debido proceso y cuestionó la imparcialidad de la actuación administrativa.En un primer momento, el juzgado consideró que había elementos suficientes para admitir una revisión más profunda y habló de “cuestionamientos serios y plausibles” sobre la imparcialidad del proceso. Por esa razón, concedió una medida cautelar mientras analizaba la tutela.Sin embargo, en las últimas horas el despacho se pronunció nuevamente y ordenó reactivar la actuación de la Supersalud. Según el reporte, la decisión de fondo determinó que la auditoría era legal y legítima dentro de las funciones de inspección y vigilancia que tiene la Superintendencia sobre el sistema de salud.Quintero celebró el nuevo pronunciamiento y aseguró que la entidad no suspenderá su labor.
“Esta Superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrup… El Tribunal Penal de Pococí ordenó tres meses y 22 días de prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, como parte del proceso penal que enfrenta por una causa relacionada con dos homicidios, una tentativa de homicidio y el presunto delito de asociación ilícita.La medida cautelar comenzó a regir desde el 24 de julio, fecha en que fue capturado en San Bernardino de Sarapiquí tras un intenso enfrentamiento con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2026.En la misma resolución, el tribunal impuso cinco meses y 26 días de prisión preventiva contra Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quien figura como coimputado en el mismo expediente. En su caso, la medida estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2026.La solicitud fue presentada por la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, que argumentó la necesidad de mantener a ambos sospechosos privados de libertad mientras continúan las investigaciones y avanza el proceso judicial.Según explicó el Ministerio Público, los plazos otorgados corresponden al tiempo restante del período ordinario de prisión preventiva que aún podía aplicarse en este expediente, debido a que tanto Arias Monge como Pérez Méndez ya habían estado sometidos a esta medida cautelar en etapas anteriores de la investigación.La Fiscalía aclaró que el vencimiento de estos plazos no implica que los imputados recuperen automáticamente la libertad.
Antes de que expire la medida, el Ministerio Público solicitará una prórroga ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia, órgano competente para autorizar ampliaciones en causas declaradas de crimen organizado.Además, los fiscales gestionarán que varias de las investigaciones que pesan contra ambos sean conocidas por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, un régimen judicial que permite ampliar los plazos máximos de prisión preventiva y dispone de herramientas procesales específicas para investigar y juzgar a presuntos líderes de organizaciones criminales.La causa por la que ambos enfrentan esta primera medida cautelar corresponde al expediente 23-000010-601-PE, conocido como el caso “Perritos”, en el que se les atribuye la presunta participación en dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita, por hechos ocurridos en Pococí en 2015.De acuerdo con el Ministerio Público, otras cinc… El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a la ciudadana Patricia del Carmen Flores de Cisneros a seis años de prisión por estafa en El Salvador, tras establecer que se hacía pasar por abogada para ofrecer servicios jurídicos y cobrar dinero mediante engaños. Además, le impuso dos años por ejercicio ilegal de la profesión.La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que la mujer no estaba autorizada para ejercer, por lo que esa segunda pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Según lo expuesto en la vista pública, uno de los casos ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de Dora Alicia P. La condenada se presentó como abogada y amiga de la joven, y ofreció asumir la defensa por $500.¿Cómo operó en los dos casos?Después pidió más pagos por supuestos trámites, como una presunta fianza, permisos de ingreso al centro penal y una multa, hasta recibir USD $5.800. La víctima relató que luego no logró comunicarse con la procesada y más tarde supo que había sido capturada por otro hecho similar.En un segundo caso, otra persona denunció que la contrató para gestionar un divorcio y le entregó $250.
Tiempo después, al enterarse por redes sociales de la captura, presentó la denuncia. La documentación oficial presentada en el proceso estableció que Flores de Cisneros no está inscrita como abogada autorizada, sino que únicamente es egresada de la licenciatura de Ciencias Jurídicas.Más casos similares en el paísEsta semana, Centros Judiciales de El Salvador informó que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador remitió a la etapa de sentencia el proceso penal contra Axel Moisés R. Axel y la víctima pactaron el alquiler de una propiedad.
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