Carlos Mazón ha vuelto este lunes al Congreso, diez meses después de su primera comparecencia por la DANA, pero lo ha hecho con una premisa clara: no piensa responder a las preguntas de los diputados. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha utilizado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que rechazó investigarle por la gestión de la tragedia, como argumento para esquivar el interrogatorio y ha dejado claro que no hará declaraciones públicas sobre el caso mientras siga abierta la instrucción judicial.“El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado”, ha proclamado nada más comenzar su intervención. Mazón ha recordado que desde su anterior comparecencia, celebrada en noviembre de 2025, se han producido novedades judiciales y ha situado en el centro de todas ellas el auto del TSJCV que descartó abrir una investigación contra él.El que fuera presidente de la Generalitat ha defendido que aquella decisión fue adoptada por unanimidad por cinco magistrados y ha contrapuesto ese pronunciamiento a las preguntas y acusaciones que los grupos parlamentarios tenían preparadas para él.
“Lo procedente” es, según ha dicho, guardar silencio hasta que finalice la instrucción de la causa por la DANA.Mazón ha llegado incluso a referirse al pronunciamiento del TSJCV como una “sentencia firme”, aunque jurídicamente se trata de un auto. También ha reivindicado que la jueza de Catarroja que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, le haya citado como testigo y que la Audiencia Provincial haya autorizado su personación voluntaria para poder conocer las diligencias practicadas en el procedimiento.Con ese escenario como punto de partida, los diputados han intentado llevarle al terreno que precisamente querían explorar en esta segunda comparecencia: qué hizo, qué supo y qué instrucciones dio durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024. Y ahí ha llegado el primer choque.“¿Estaba ausente o daba órdenes?”El diputado de Podemos ha tratado de reconstruir el papel de Mazón durante aquella jornada a partir de las conversaciones incorporadas a la causa judicial, entre ellas las aportadas por la entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y los mensajes intercambiados por el núcleo del Gobierno valenciano.
“¿Estaba ausente o daba órdenes?”, le ha preguntado. Los legisladores mantienen una cultura de nepotismo y discrecionalidad en la contratación del personal que se refleja en la lista de familiares directos que aparecen en las nóminas del Congreso Nacional.Más que una ilegalidad, la costumbre representa un dilema ético ante su no prohibición expresa por una ley o resolución. Esto permite que 53 diputados y seis senadores tengan a 65 parientes nombrados ya sea en sus oficinas, en las de otros congresistas o en las propias sedes legislativas.Diario Libre hizo una exhaustiva depuración de las nóminas de agosto pasado de ambas cámaras y las contrastó con los parentescos reportados por los propios legisladores en sus declaraciones juradas de patrimonio.
De los diputados se identificaron cuatro cónyuges, tres padres, una madre, 19 hermanos y 30 hijos, con cargos como asistentes legislativos, secretarios, choferes y mensajeros internos. De los senadores figuran cinco hermanos, dos hijos y un padre.Un vacío que abre las puertasAproximadamente uno de cada cuatro diputados tiene a algún familiar en la nómina congresual, con salarios que van entre los 27,500 a 118,000 pesos mensuales.Entre los legisladores de esta cámara están Dharuelly D’Aza y Eduviges -Leyvi- Bautista, vicepresidenta y secretaria del órgano, respectivamente. La primera tiene un hermano y la segunda a su padre.
Además está el vocero de la Fuerza del Pueblo, José David Báez Reinoso, con una hija, y la portavoz del Partido de la Liberación Dominicana, Ydenia Doñé, con un hermano. Te puede interesar El personal de la oficina de un senador equivale al de una empresa mediana Asimismo, se contabilizan al menos 10 presidentes de comisiones con parientes, entre estos la titular de la Comisión de Ética, Yuderka de la Rosa Guerrero.Doñé argumentó que la práctica no representa un conflicto de intereses mientras los empleados cumplan con sus funciones, porque se trata de una prerrogativa de la ley. “Lo primero es que la institución no lo prohíbe, porque hay instituciones que te dicen que no puedes nombrar a un familiar”, dijo.La Ley 41-08 de Función Pública prohíbe a los servidores públicos “prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía”.El propio Ministerio de Administración Pública identifica esta disposición como la cor…
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