NewzLa provincia de Condorcanqui, en la región peruana Amazonas, enfrenta una grave problemática de violencia sexual contra niñas y adolescentes de las comunidades indígenas awajún y wampis. Las denuncias acumuladas durante más de una década advierten sobre presuntas agresiones que no han recibido una respuesta judicial efectiva y cuyas consecuencias también se manifiestan en embarazos adolescentes, contagios de VIH e intentos de suicidio entre menores de edad.La situación motivó la visita de una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), organismo vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que viajó a la zona para evaluar la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.Durante su recorrido, Mónica Maureira, integrante de la delegación, relató a BBC Mundo que una de las situaciones que más la impactó fue encontrar a niñas que ya tenían hijos, pero que todavía no habían procesado emocionalmente lo que les había sucedido. También advirtió sobre la presencia de menores de apenas tres o cuatro años con VIH, en casos que, de acuerdo con los testimonios recogidos, estarían relacionados con abusos sexuales.Cerca de 1.000 denuncias por violencia sexualDesde 2014, se han contabilizado cerca de 1.000 denuncias vinculadas con abusos sexuales contra menores, tocamientos y otras formas de violencia de género en esta provincia amazónica.
Algunas entidades sostienen que la cifra podría alcanzar los 1.400 casos.Uno de los principales antecedentes de esta problemática se remonta a 2024, cuando la Defensoría del Pueblo documentó denuncias de acoso y violencia sexual en instituciones educativas de la provincia. El informe de la entidad registró al menos 500 casos de acoso sexual en colegios con mayoría de estudiantes awajún y wampis.La denuncia también puso bajo escrutinio la situación de docentes señalados por presuntas agresiones sexuales contra menores. Según el informe por medios peruanos, cerca de 170 profesores fueron acusados de estos delitos.
La mayoría no habría sido procesada, mientras que otros fueron absueltos o trasladados a otras instituciones educativas, sin que ello garantizara el esclarecimiento de los hechos denunciados.La lucha por visibilizar estos casos ha sido impulsada por mujeres de las propias comunidades, entre ellas Rosemary Pioc, president… “Asumir sola un embarazo” en su mayoría producto de la violencia sexual es el mayor secreto a voces que enfrentan cientos de adolescentes nicaragüenses en medio de una sociedad que ha normalizado el problema, sobre todo en las zonas rurales del país.Nicaragua registra la tasa más alta de embarazos entre adolescentes de Centroamérica: 93 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años. Costa Rica, en cambio, tiene cerca de 25.
La diferencia entre ambos países es de casi 70 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, según datos del Banco Mundial. El registro ubica a Nicaragua como el país con el indicador más alto de fecundidad adolescente en Centroamérica. La cifra supera a la de Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica, de acuerdo con las estimaciones más recientes disponibles para 2024.
La comparación regional coincide con las alertas de organismos internacionales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras agencias de Naciones Unidas calcularon que América Latina y el Caribe registró 50 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años en 2024, por encima del promedio mundial de 39. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que las adolescentes indígenas, afrodescendientes, rurales, con menor nivel educativo o de los hogares con menos ingresos pueden tener hasta cuatro veces más probabilidades de iniciar una maternidad temprana que sus pares urbanas, con mayor escolaridad y recursos.
En el caso de las niñas menores de 15 años, los organismos internacionales vinculan los embarazos con la violencia sexual, las uniones tempranas y las barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.El régimen de nicaragua desarticuló durante los últimos años organizaciones feministas, comunitarias y de niñez que ofrecían educación sexual, prevención de la violencia y acompañamiento a adolescentes. Human Rights Watch señala que las autoridades cancelaron la personería jurídica de más de 5,500 organizaciones desde 2018, mientras defensoras consultadas por el medio nicaragüense Divergentes advierten que esos cierres eliminaron espacios de orientación y protección en zonas rurales. En paralelo, medios oficialistas promueven el concurso “La Madre Panza”, que entrega premios a mujeres embarazadas sin establecer límites de edad.
Summary from source