El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la investigación de la Operación Onco14 continúa abierta y que es muy probable que el proceso genere nuevos pasos antes de que sea presentada la acusación definitiva.El funcionario explicó que el Ministerio Público continúa trabajando para completar la investigación y posteriormente presentar la acusación ante los tribunales.La Operación Onco14 está relacionada con una investigación sobre el manejo de recursos públicos vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), destinados a servicios para pacientes con enfermedades de alta complejidad.Por el caso fueron sometidos a la justicia Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El proceso fue declarado complejo y los tribunales han impuesto distintas medidas de coerción a los imputados. Te puede interesar Mantienen prisión preventiva contra esposa de principal imputado en caso Oncológico del Cibao Onco14: envían a prisión por 18 meses al expresidente del Patronato Contra el Cáncer y a su esposa Abogados de imputados en caso Onco14 apelarán medidas de coerción El Ministerio Público ha sostenido que las pesquisas buscan determinar las responsabilidades de quienes habrían participado en las presuntas irregularidades investigadas y ha dejado abierta la posibilidad de incorporar a otras personas al proceso.Declaraciones oficialesCamacho no identificó a posibles nuevos imputados ni estableció una fecha para la presentación de la acusación, debido a que las investigaciones permanecen en curso.El director general de Persecución ofreció estas declaraciones luego de participar como conferencista principal en una actividad en Santiago, titulada El Expansionismo Penal como Fenómeno Político-Criminal: Fundamentos Teóricos, Manifestaciones en la República Dominicana y Análisis de la Arquitectura de la Ley núm.
74-25Durante la conferencia, Camacho abordó los cambios introducidos por el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, así como el debate sobre la tendencia a ampliar la intervención del derecho penal ante las demandas sociales de mayor protección frente al delito.En ese contexto, sostuvo que la respuesta del Estado no debe limitarse al aumento de las penas y afirmó que es partidario de aplicar manos inteligentes en la persecu… Una niña de apenas semanas de nacida llegó a un centro médico en condiciones de extrema gravedad, luego de sufrir múltiples lesiones que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, le fueron ocasionadas por una mujer que se aprovechó de la cercanía y confianza que tenía con la bebé.El caso, ocurrido en junio de 2025, terminó con una condena de 15 años de prisión contra Anyelina Vásquez Sosa, por cometer actos de tortura y barbarie en perjuicio de la menor.El proceso judicial se inició después de que un hospital notificara a las autoridades sobre la presencia de la infante, quien había sido trasladada al área de emergencias por su padre debido a la gravedad de su condición. Te puede interesar Condenan a la pena máxima a una mujer por la muerte de su hijastra de 3 años en Gaspar Hernández De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el 7 de julio de 2025, mientras el padre de la víctima se encontraba trabajando, un familiar le informó sobre el estado de salud de la bebé.
Ante la situación, el hombre la llevó a un centro médico y, al día siguiente, la niña fue referida a un hospital pediátrico.La evaluación médica reveló la gravedad de las lesiones. La bebé presentaba trauma craneoencefálico severo, traumas múltiples, fractura del omóplato izquierdo y hemorragia intraparenquimatosa.Las lesiones fueron certificadas por especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).Investigación del casoLa investigación estableció que las lesiones fueron causadas por Vásquez Sosa, quien, según la acusación, aprovechó la cercanía y confianza que tenía con la niña para agredirla, pese a que se encontraba en condiciones de total indefensión.Para sustentar el caso, el Ministerio Público reunió diferentes elementos de prueba, entre ellos entrevistas a testigos, un certificado médico legal, un informe de trabajo social y fotografías que documentaban la condición física de la víctima.La acusación fue presentada ante el Tribunal Colegiado del distrito judicial de El Seibo por la fiscalizadora Sugeiry Güílamo Cedano, adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género e Intrafamiliar de la fiscalía de esa localidad.Sentencia del tribunalDurante el juicio, las juezas Ramona Santana Bermúdez, Laura Isabel Roa y María del Carmen García González variaron la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público, que hab…
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