NewzEl Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó a través de una carta pública una reunión a las delegaciones del gobierno y la oposición, que participan en el proceso de negociación promovido por Estados Unidos.Los familiares de los detenidos por razones políticas buscan un “espacio de encuentro” con ambas comisiones con el fin de “presentar la información que hemos documentado, exponer especialmente la situación de las personas con patologías graves y plantear propuestas para avanzar hacia la restitución de sus derechos”.El proceso de negociación, que comenzó formalmente hace un mes bajo el auspicio de la administración de Donald Trump, concluyó su primer ciclo el 12 de agosto con dos acuerdos: Trabajar por la transformación del sistema de justicia de Venezuela, y unir esfuerzos por recuperar las 31 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra.La agenda establecida por las partes consta de tres temas: Atención al doble terremoto, fortalecimiento de la democracia -que incluiría la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral- y derechos y garantías políticas. Se espera que gobierno y oposición retomen el diálogo a mediados de este mes.Por fueraClippve señala que “la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos no fue incluida en la agenda” de la negociación encabezada por Jorge Rodriguez y Dinorah Figuera, voceros del chavismo y la oposición, respectivamente. Según sus estimaciones, existen “al menos 400 casos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, de los cuales 37 “presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida”.Advierten que los presos políticos están recluidos en “condiciones inhumanas” y recuerdan que el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha cumplido su palabra de liberar a todos.
“Cada anuncio genera nuevas expectativas y cuando estas no encuentran respuesta, profundiza la angustia y la revictimización de quienes llevan meses o años esperando”.En el marco de lo que ha denominado un “nuevo momento político”, Rodríguez promulgó una Ley de Amnistía y ha ordenado la excarcelación de centenares de presos políticos. Empero, no todos los beneficiarios han recibido libertad plena -mantienen restricciones como arresto domiciliario, presentación ante tribunales y prohibición de salida del país- y centenares continúan en las cárcele… Madrid, 2 sep (EFE).- El Gobierno español pidió este miércoles la "máxima cautela" sobre un informe policial que apunta a que agentes marroquíes guiaron la entrada irregular y masiva de personas en Ceuta desde Marruecos, pero la oposición conservadora y algunos partidos de izquierda exigieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.El líder del Partido Popular (PP), el principal de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusó al jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, de ocultar informes sobre la crisis.Le exigió que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones; y que llame a consultas al español en el país vecino, Enrique Ojeda.
Por el contrario, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, dijo que el Ejecutivo no se pronunciará sobre una eventual responsabilidad de Marruecos en esta crisis, que comenzó a finales de julio, hasta conocer los detalles del documento remitido por la Policía a una jueza de la Audiencia Nacional española.El informe, adelantado la noche pasada por el periódico digital El Español, dice que la "invasión" de la ciudad norteafricana española de Ceuta "fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".A raíz de su publicación, el ministro Grande-Marlaska, pidió al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le comunicara si el documento era cierto y desde cuándo las fuerzas de seguridad disponían de esa información.El Ejecutivo, aseguró Bolaños, es "el primer interesado en conocer qué sucedió" el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera ilegalmente, y en que la investigación de las fuerzas de seguridad progrese para "conocer con exactitud todo lo que ocurrió aquellos días".El lunes pasado, el presidente del Gobierno Sánchez aseguró que no existía "ninguna información" por parte de las fuerzas de seguridad, de los servicios secretos españoles (CNI) o incluso de otros servicios de inteligencia que apuntase a la "participación de una u otra forma" de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.La ciudad, fronteriza de Marruecos, vive una grave crisis socioeconómica, problemas de seguridad y un malestar creciente de los residentes locales tras la entrada masiva de más de 70.000 personas el 30 y 31 de julio.
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