La reunión del 31 de julio marcará la última participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la Junta Directiva del Banco de la República, en medio de una expectativa mayoritaria de aumento de 50 puntos básicos (pb) en la tasa de interés del Emisor, que es la tarifa que aplica a los bancos comerciales por operaciones a un día y que, entre otras cosas, encarece los créditos.Con esto, el tipo de intervención pasaría del 12% al 12,50% debido al repunte de la inflación en junio (6,14% anual, según el Dane) y por unas proyecciones que siguen al alza. Antes de la reunión, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló su encuesta mensual sobre expectativas. Según esta, de las 21 entidades consultadas, 14 esperan ese movimiento, tres anticipan un alza de 25 pb, otras tres prevén 75 pb y una estima que la tasa no cambiará.Si esos escenarios se concretan, la tasa cerraría julio entre 12,25% y 12,75%, un nivel no visto desde abril de 2024.
La encuesta incluyó a seis bancos locales, cinco comisionistas de bolsa, tres bancos internacionales, tres centros de pensamiento, dos gremios y dos bancos de desarrollo territorial.La reunión llega después de que la Junta elevó en junio la tasa en 75 pb hasta 12,0%. En esa sesión, cuatro codirectores votaron a favor, dos respaldaron un incremento de 50 pb y uno prefirió mantenerla sin cambios. En abril, los siete miembros pausaron el ciclo de alzas tras dos aumentos consecutivos de 100 pb.
En marzo, Ávila abandonó la sesión y expresó por separado su desacuerdo, mientras el presidente Gustavo Petro cuestionó a la Junta.Cómo se perfila la votación dentro de la JuntaLa encuesta también midió la diferencia entre lo que los analistas recomiendan y lo que creen que decidirá la Junta:De las 21 entidades, 16, es decir, 76,2%, quedaron en el “equilibrio técnico-político”, porque su expectativa coincide con su recomendación. Otras cuatro entidades, 19%, quedaron en la brecha técnica al sugerir un aumento menor al que prevén que ocurrirá.Una más, 4,8%, apareció en la brecha política, al recomendar un alza mayor que la decisión que espera.20 de los 21 consultados, equivalentes a 95,2%, anticipan una votación de 4 a 3, Un analista, 4,8%, prevé un resultado de 5 a 2.En los escenarios de alza de 50 pb o más, los posibles disidentes son César Giraldo y Laura Moisá, junto con Ávila. Giraldo y Ávila recibieron 17 mencion…
La reciente aprobación, mediante la Resolución Ministerial N.° 184-2026-TR, del “Listado de microempresas que son fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el Año Fiscal 2026” reabre un debate que el país mantiene pendiente desde hace varios años: ¿están realmente preparados los gobiernos regionales para asumir una función tan especializada como la inspección del trabajo?La descentralización constituye una política pública necesaria; sin embargo, no puede reducirse a una simple transferencia normativa de competencias. La experiencia demuestra que ejercer la inspección del trabajo exige personal altamente especializado, procedimientos uniformes, recursos logísticos suficientes y capacidades técnicas que, en muchos casos, los gobiernos regionales aún no han desarrollado plenamente.Paradójicamente, la propia SUNAFIL continúa enfrentando importantes desafíos para brindar un servicio oportuno y uniforme a nivel nacional. Existen procedimientos que se prolongan excesivamente y materias especialmente sensibles, como los despidos arbitrarios, que escapan de su ámbito competencial al corresponder su resolución al Poder Judicial.
Si el sistema nacional aún presenta limitaciones, resulta legítimo preguntarse si la transferencia de funciones a entidades con menores capacidades permitirá mejorar la tutela de los derechos laborales.El riesgo es evidente. Una inspección laboral sin estándares homogéneos ni recursos suficientes puede afectar tanto la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores como la seguridad jurídica que requieren las empresas para desarrollar sus actividades. La incertidumbre en la aplicación de la normativa termina desincentivando la inversión, incrementando la conflictividad y reduciendo la competitividad del país.Las microempresas representan el principal motor del emprendimiento y del empleo en el Perú.
Más que enfrentar mayores niveles de incertidumbre administrativa, requieren un marco regulatorio que incentive su formalización, acompañe su crecimiento y promueva el cumplimiento de la legislación laboral mediante asistencia técnica y fiscalización eficiente. Difícilmente una transferencia de competencias sin un fortalecimiento institucional previo contribuirá a ese objetivo.La descentralización solo será exitosa si viene acompañada de un verdadero proceso de fortalecimiento institucional: transferencia gradual de compete… La ministra de Educación designada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, Viviane Morales Hoyos, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) abstenerse de designar a su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia hasta que se posesione el nuevo Gobierno.La petición, radicada el 27 de julio mediante una carta dirigida a los integrantes del Cesu, responde a inquietudes jurídicas e institucionales sobre el procedimiento actual y busca garantizar la legitimidad y transparencia en una decisión clave para la principal universidad pública del país.Morales, que asumirá la cartera de Educación en el próximo Gobierno, advirtió que existen “circunstancias de orden jurídico e institucional” que hacen improcedente continuar con el proceso de designación en este momento de transición.
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