NewzLa seguridad ciudadana suele aparecer en el debate público cuando ocurre un crimen que conmociona a la sociedad. Entonces hablamos de endurecer las penas, aumentar el patrullaje, colocar más policías en las calles o construir nuevas cárceles. Pero quizás estamos mirando el problema desde el lugar equivocado.
La pregunta constitucional no debería ser solamente cómo castigar al que delinque, sino algo mucho más profundo: ¿qué está haciendo el Estado para garantizar que una persona pueda vivir, trabajar, caminar, emprender, formar una familia y regresar a su casa sin que su vida dependa de la suerte?Porque de poco sirve alcanzar metas profesionales, comprar una vivienda, construir un patrimonio, abrir un negocio o trabajar durante toda una vida si en cuestión de segundos una persona puede perderlo todo como consecuencia de un acto criminal. Hay bienes jurídicos que, una vez destruidos, no pueden ser restituidos. Una familia no recupera a quien fue asesinado.
La tranquilidad de una comunidad tampoco se reconstruye simplemente con estadísticas.La Constitución dominicana coloca a la persona y su dignidad en el centro del ordenamiento jurídico, mientras que su artículo 255 atribuye a la Policía Nacional la misión de salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales y proteger el libre ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica. Por eso, hablar de seguridad ciudadana no es hablar únicamente de política criminal. Es hablar de constitucionalismo.Luigi Ferrajoli ha desarrollado una concepción garantista en la que los derechos fundamentales funcionan como límites y obligaciones frente a los poderes públicos, y sostiene que el Estado debe garantizar los derechos también frente a los poderes privados y a quienes pueden vulnerarlos.
Esa perspectiva es indispensable, pero también nos obliga a formular otra pregunta: ¿qué ocurre cuando el Estado, por proteger correctamente las garantías del imputado, termina siendo incapaz de proteger eficazmente a la víctima y a la sociedad?La respuesta no puede ser escoger entre los derechos de unos y los derechos de otros. El Estado constitucional tiene que proteger a ambos. El delincuente tiene derecho al debido proceso, a la vida, a la integridad y a la defensa.
Pero la víctima tiene derecho a la vida, a la integridad, a la propiedad,… El Gobierno se propone presentar ante el Congreso Nacional un proyecto de ley sobre convivencia ciudadana, iniciativa que tendría como objetivo reducir los niveles de criminalidad que se registran en el país.El anuncio se hizo este lunes durante el desarrollo de “LA Agenda Semanal”, cuyo tema fue la seguridad ciudadana. Faride Raful, ministra de Interior y Policía, explicó que en el país la tasa de homicidio a nivel delincuencial está a la baja, pero no sucede así con la sociedad.Explicó que la mayoría de crímenes que se registran en la nación son “por conflictos sociales” y situó el porcentaje en un 66 %.
Entiende que la resolución de conflictos sería de mucha ayuda para reducir la cifra y recordó el trabajo que, en ese sentido, ha realizado la Casa Comunitaria de Justicia, entidad a la cual se acude para solucionar problemas entre vecinos y mencionó los casos de los parqueos. Te puede interesar Faride reconoce que percepción de inseguridad persiste en el país, pese a reducción de homicidios Sobre el tema, el presidente de la República, Luis Abinader, mencionó el caso de la muerte de una mujer presuntamente manos de su cuñada. “Cómo puede la Policía intervenir en este caso”, acotó el mandatario.Se trata de la muerte por herida de arma blanca de Yedreisy Martínez Martínez, de 36 años, ocurrida en el distrito municipal La Otra Banda, en del municipio Higüey, provincia La Altagracia.La presunta homicida es Rafaela Carpio Báez, de 27, quien fue entregada a las autoridades por su esposo Juan Alberto Martínez, hermano de la fallecida.Tasa de homicidioSegún informó el Gobierno la mañana de este lunes, la tasa acumulada de homicidios en el país se ubicó en 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 15.8 % respecto al 8.74 registrado en igual período de 2025.
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