NewzLa presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentado las "descalificaciones" de "quienes ejercen responsabilidades institucionales" hacia los jueces, ha exigido respeto a las decisiones judiciales y ha asegurado que se toman "sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".Así se ha expresado Perelló en su discurso del acto de apertura del año judicial que se ha celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.La magistrada ha reiterado que su compromiso "ha sido siempre el de trabajar por alcanzar los más amplios consensos, ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio" y con el objetivo de que sus decisiones "estén al servicio de la justicia y del interés general", y no "al servicio de otros intereses"."Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que, a la hora de tomar una decisión, lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo", ha continuado.Y ha señalado que, pese a que "los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del derecho", el ordenamiento "asume esa posibilidad y establece un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas", incluyendo la pertenencia de España "al espacio jurídico europeo"."Las resoluciones judiciales pueden ser criticadas", ha defendido, pero dicha crítica debe de ser "fundada" porque "contribuye a mejorar" la justicia y "siempre será bienvenida". No obstante, la discusión jurídica, a su juicio, "no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto".RECLAMA LEALTAD INSTITUCIONAL Y CONFÍA EN LA "MESURA" DE LOS JUECESY ha lamentado, en alusión a las acusaciones de 'lawfare' que se han escuchado "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones".Perelló ha señalado que se trata de "una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al derecho"."Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor"…
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