El Ministerio de Hacienda de Colombia solicitó formalmente a la Corte Constitucional la apertura de un incidente de impacto fiscal en relación con la sentencia que dispone la entrada en vigencia de la reforma pensional a partir del 1 de abril de 2027.
La petición gubernamental se fundamenta en la evaluación de que los efectos derivados de la decisión judicial podrían generar riesgos para las finanzas públicas del país, por lo que se busca mitigar las posibles consecuencias económicas de la implementación de la nueva normativa.
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