NewzEl Concejo de Vocales del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, solicitó al nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), general Juan Manuel Méndez, intervenir de manera urgente ante el congestionamiento vehicular que afecta a esta demarcación, especialmente durante las horas de mayor circulación.En una comunicación fechada el 18 de agosto de 2026, el órgano legislativo de la Junta Distrital pidió al funcionario realizar una visita a Verón-Punta Cana para coordinar acciones concretas que permitan enfrentar la problemática del tránsito.Los vocales señalaron que los grandes tapones registrados en las principales vías y durante las horas pico han provocado un deterioro significativo de la movilidad, situación que, según indicaron, afecta tanto a residentes como a trabajadores, visitantes y demás usuarios de las vías. RELACIONADAS Justicia El TC pone límites a gobiernos locales para imponer multas de tránsito y arbitrios Declaratoria de urgencia“Queremos aprovechar la oportunidad para solicitar de manera formal que se tome en cuenta, lo antes posible, la intervención oportuna ante la situación del tránsito vehicular en nuestro pueblo, el cual se encuentra colapsado por los grandes tapones generados en horas pico”, establece la comunicación remitida al director del Intrant.El Concejo recordó además que la demarcación fue declarada en estado de urgencia por la problemática del tránsito, mediante la Resolución 172-2025, aprobada en sesión ordinaria del 18 de diciembre de 2025.La resolución, promovida a solicitud del vocal Uridy Marte Cruz, establece que la declaratoria responde a las diversas dificultades que presenta el distrito municipal en materia de tránsito.El documento también autorizó al director de la Junta Distrital, Ramón Antonio Ramírez de la Rosa, a realizar los procesos correspondientes para formalizar la declaratoria de estado de urgencia en el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana.En la nueva comunicación dirigida al general Méndez, los vocales plantearon la necesidad de que el Intrant se involucre directamente en la búsqueda de soluciones y propusieron que el funcionario visite la zona para evaluar la situación y coordinar medidas junto a las autoridades locales.Crecimiento y congestiónEl presidente del Concejo de Vocales, Uridy Marte, firmó la solicitud en representac… La situación de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta sigue presentando un escenario complejo cuando se cumplen ya más de tres semanas desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
La Comisión Europea sostiene que el derecho de la UE contempla la devolución al país africano de todos los migrantes en situación irregular que permanecen en la ciudad autónoma, incluyendo los menores que, según cifras del Gobierno central se sitúan en 2.168, frente a los 4.000 que estiman las organizaciones humanitarias. Sin embargo, además de que las leyes españolas impiden la deportación de los menores si no hay garantías para su seguridad y desarrollo en el país de origen, el marco legal comunitario también establece salvaguardas específicas para estos casos.Bruselas defiende que la directiva de retorno vigente, así como el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, que fue aprobado el pasado mes de junio y endurece la política del bloque, contiene “disposiciones relativas a la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados”, obviando que el derecho comunitario les otorga una protección especial. En el artículo 10 de esa directiva se establece que “antes de tomar cualquier decisión de retorno sobre un menor no acompañado, las autoridades deben garantizar que el niño reciba asistencia de organismos o entidades apropiadas (distintas de las encargadas de hacer cumplir la expulsión), para así asegurar la protección y el interés superior del menor”.
Además, añade, no se puede proceder a la expulsión hasta que las autoridades tengan la certeza de que el menor será retornado a un miembro de su familia, a un tutor designado, o en su defecto, a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno.El Partido Popular se ha pronunciado en la misma línea que la Comisión Europea y ha pedido que sean devueltos “todos los que han entrado ilegalmente”, tanto “mayores como menores” en el plazo máximo de un mes. “No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en nuestro país: ¿cuántos millones de menores se pueden quedar en España? ¿De cualquier lugar del mundo?”, señaló el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la prensa el pasado miércoles.
“Debe primar el interés superior del menor”Ante las declaraciones defendidas por B…
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