Podemos proclaims that "the Justice system is the greatest threat to democracy" after the Supreme Court's decision on the 'grandchildren law'

Madrid, 13 oct (EFE).- El Gobierno ha tildado de "extraordinaria gravedad" la decisión del Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', porque, en su opinión, "restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio".En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que "en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe".La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó este lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una decisión que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.Al respecto, la portavoz ha asegurado que "es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto".Eso sí, no ha desvelado si el Gobierno a través de la Abogacía del Estado tiene previsto impugnar esta decisión ante el Constitucional.Más allá de dejar claro que el Ejecutivo "siempre acata las resoluciones", la portavoz ha manifestado que acaban de conocer esa decisión y que en este momento los servicios jurídicos del Estado la están analizando. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas en virtud de la conocida como 'ley de nietos' que no demuestren que descienden de exiliados tras la guerra o la posguerra evidencia que "la Justicia es la mayor amenaza para la democracia de este país".Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha lamentado que el Supremo haya "robado el derecho a voto" a 160.000 descendientes de exiliados por la "brutal violencia de una dictadura" y lo haya hecho, a su juicio, por los mismos motivos por los que sus abuelos y abuelas tuvieron que salir de este país".Para Belarra, "no hay ningún precepto legal que permita quitarle a un nacional español su derecho al voto" y por eso el Supremo incurre en "una vulneración de derechos fundamentales absolutamente flagrante"."Y creo que el mensaje que manda a la ciudadanía española es muy claro: La principal amenaza a la democracia española es la Justicia, los altos tribunales, que en este momento vuelven a colocarse de un lado del arco político", ha incidido, recriminando una vez más al Gobierno de Pedro Sánchez que "no haya hecho nada para democratizar la Justicia" y haya "entregado el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la derecha política.