Madrid, 7 sep (EFE).- La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia han desarticulado una organización criminal que captaba a ciudadanas y ciudadanos colombianos con falsas promesas para explotarles laboralmente en España, en una operación en la que han sido arrestadas 30 personas y liberadas 57 potenciales víctimas.Según ha informado el Ministerio del Interior, la red localizaba en Colombia a personas de especial vulnerabilidad económica y social, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España, y una vez aquí las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción.La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona) dedicada a esa actividad delictiva.Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso.El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas.En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción.En lugar de lo prometido los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente.En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid.El análisis de la información obtenida y de los testimonios de las víctimas permitió identificar una estructura estable en Colombia, y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron allí para coordinar y apoyar la investigación junto a las autoridades colombianas.Finalmente fueron arrestadas en Tarragona tres personas de nacionalidad española y colombiana sobre las que pesaban órdenes internacionales de detención por su presunta participación en las actividades de la organización.La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo cuatro registros en Bogotá que culminaron con el arresto de otras cinco personas.Los detenidos han s… La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un hombre identificado como Federico y a los otros ocho acusados de una causa que durante años investigó un supuesto entramado dedicado a conceder préstamos privados a personas con problemas económicos, muchas de ellas rechazadas previamente por la banca. La acusación sostenía que los clientes recibían cantidades muy inferiores a las que después aparecían en las escrituras y que terminaban atrapados en préstamos garantizados con sus viviendas y letras de cambio con intereses de demora de hasta el 29%.
Pero la Sección 17 considera que no ha quedado probado el elemento que convertiría esas operaciones, por perjudiciales que pudieran resultar, en un delito de estafa: un engaño previo utilizado para llevar a los afectados a contratar. La resolución, dictada el 27 de julio de 2026, exonera a los nueve acusados de los delitos de estafa y de las acusaciones de falsedad y pertenencia a organización criminal que se habían planteado durante el procedimiento. También absuelve a las cuatro sociedades para las que se había solicitado responsabilidad civil subsidiaria.
El caso giraba alrededor de Federico, señalado por las acusaciones como la persona que financiaba las operaciones. A su alrededor aparecían distintos intermediarios, comerciales y gestores que captaban a los clientes y les acompañaban durante la tramitación de los préstamos. En total, la sentencia analiza 29 episodios distintos, con operaciones que se remontan a 2006 y llegan hasta 2012.
En buena parte de ellos se repetía una misma fórmula: alguien con dificultades económicas buscaba dinero fuera del circuito bancario, acudía a un intermediario y acababa firmando ante notario un préstamo garantizado con una hipoteca y, en muchos casos, con una o varias letras de cambio. El Ministerio Fiscal llegó a pedir para Federico tres años y seis meses de prisión, además de multa, y mantuvo acusaciones contra otros implicados por su participación en las diferentes operaciones. Las acusaciones particulares elevaron peticiones similares y, en algunos casos, atribuyeron al grupo una actuación coordinada y continuada.
La clave del fallo está en que, para los magistrados, las pruebas no permiten dar por demostrado que aquello fuera una maquinaria de engaño diseñada desde el inicio. Y esa distinción resulta decisiva: una cosa es que alguien firme un préstamo que después se rev…
Summary from source