Los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rindieron cuentas ayer miércoles de la labor legislativa del último año destacando miles de horas de trabajo, centenares de sesiones e iniciativas aprobadas. Sin embargo, pese al volumen de proyectos conocidos por ambas cámaras, solo 58 leyes completaron el proceso legislativo al ser promulgadas por el presidente Luis Abinader.Durante la rendición de cuentas, el Senado informó que recibió 765 iniciativas y aprobó 416, de las cuales 122 correspondieron a proyectos de ley. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó 1,173 iniciativas, de las que 46 fueron proyectos de ley.No obstante, la producción legislativa que culminó con la entrada en vigor de nuevas normas quedó reflejada en 58 leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas reformas como la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Procesal Penal, la creación del Ministerio de Justicia, la Ley de Bien de Familia, la Ley de Inteligencia (DNI), la Ley de Alertas RD para desaparecidos y otras iniciativas de alcance institucional.Modificaciones al Código PenalEn el grupo de proyectos de ley aprobados se mencionó la normativa que modificó algunos artículos del nuevo Código Penal que, tras cursar solo unos días en el Congreso, fue aprobada por mayoría de votos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió la aprobación del nuevo Código Penal frente a las críticas de que la iniciativa fue sancionada de manera apresurada.De los Santos rechazó los señalamientos que calificaron el proyecto como “sancochado” y sostuvo que la reforma original, aprobada hace un año, acumuló cerca de tres décadas de discusión en el Congreso Nacional.“Se nos ha acusado de sancochar ese proyecto, de aprobarlo sin los estudios necesarios, pero ese proyecto lleva tres décadas en el Congreso”, expresó.El senador afirmó que algunos de los legisladores que participaron en la discusión “aún no habían nacido” cuando la iniciativa llegó al Congreso, como forma de enfatizar el tiempo que permaneció pendiente de aprobación. RELACIONADAS Gobierno Abinader promulga las modificaciones al Código Penal Congreso Nacional El nuevo Código Penal ya está en su fase decisiva tras más de dos décadas de espera y debates Horas de trabajoAdemás de las leyes, gran parte de la actividad legislativa estuvo compuesta por resoluciones aprobatorias d… Residentes de los Jardines del Norte en el Distrito Nacional y diversas organizaciones comunitarias rechazaron este miércoles de nuevo el proyecto de ampliación de la avenida Los Próceres.
Asimismo, solicitaron al presidente Luis Abinader ordenar el cese de los trabajos por el impacto ambiental que, aseguran, ocasionaría la obra.Estaban presentes la Convergencia Jardinera, residentes de Los Jardines del Norte y representantes de la organización Agente de Protección Medio Ambiente (Aproma). Explicaron que impactaría el parque Crisantemos y los terrenos de la parroquia San Mauricio y otras áreas verdes del sectorComo parte de la protesta, instalaron un campamento que funciona diariamente de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche.Los comunitarios denunciaron que el Ministerio de Obras Públicas no ha respondido las solicitudes de información presentadas por la comunidad ni ha mostrado la licencia ambiental del proyecto. También sostienen que la obra provocaría un grave impacto ambiental y afectaría espacios de uso comunitario.Oposición al proyectoEn tanto, Emerson Abreu, miembro de Convergencia Jardinera y asesor de una de las juntas de vecinos del sector, aseguró que la oposición al proyecto se mantiene desde hace aproximadamente ocho meses, cuando la comunidad conoció los planes de ampliación de la avenida.Abreu criticó la falta de respaldo de algunas organizaciones comunitarias y de la parroquia San Mauricio, al considerar que han guardado silencio frente a una intervención que, a su juicio, reducirá considerablemente las áreas verdes de Los Jardines del Norte.También hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades para que escuchen a la comunidad, suspendan los trabajos y abran un proceso de diálogo que permita conocer el alcance del proyecto y evaluar alternativas que minimicen el impacto ambiental.El asesor legal de Convergencia Jardinera, José Joaquín Hiraldo García, explicó que el campamento constituye una forma de resistencia pacífica para exigir transparencia y diálogo con las autoridades."Desde el 13 de abril solicitamos formalmente la licencia ambiental, los detalles del proyecto y una reunión con la comunidad, pero hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas no ha respondido", afirmó.Hiraldo sostuvo que, según los levantamientos topográficos realizados en la zona, el proyecto contempla un corte que eliminaría cerca del 80 % del parq…
El coordinador del proceso de regularización de los juegos de azar, Teófilo "Quico" Tabar, informó este miércoles que, una vez sea aprobada la ley que crea la Dirección General de Juegos, propondrá una revisión "exhaustiva" de las decisiones adoptadas al margen de los decretos que rigen el proceso de regularización.El proyecto que regula las bancas de apuestas y deportivas fue aprobado por el Senado y el 24 de este mes fue sancionado por los diputados con modificaciones luego de declararlo de urgencia. Ahora la pieza deberá volver a la cámara alta. La pieza legislativa busca establecer normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de apuestas o juegos de azar en el territorio nacional.En una declaración pública, Tabar recordó que asumió la coordinación de la regularización mediante el Decreto 63-22, emitido el 9 de febrero de 2022.
También señaló que el Poder Ejecutivo reactivó el Consejo de Seguimiento a través del Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026, ampliando sus atribuciones para abarcar todas las modalidades de juegos de azar.No obstante, indicó que ese organismo aún espera las disposiciones oficiales que le permitan ejercer plenamente las funciones establecidas en el decreto. Te puede interesar Hay un conflicto en el sector de las apuestas por los nombres "quiniela, palé y tripleta" Senado aprueba en primera lectura proyecto de Ley que regula las bancas de loterías y deportivas Diputados aprueban de urgencia y con modificaciones el proyecto de ley que regula los juegos de azar Sobre el debate generado en torno a algunos artículos del proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, Tabar afirmó que las diferencias responden a intereses propios de la actividad, aunque evitó emitir opiniones sobre los sectores involucrados.Asimismo, adelantó que solicitará que las actuaciones realizadas fuera de los límites fijados por los decretos sean evaluadas tanto por la futura Dirección General de Juegos como por el Consejo de Seguimiento.Pide no adoptar decisiones que impliquen cambiosEl funcionario también llamó a empresarios, funcionarios y demás actores del sector a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen cambios en el estatus de las operaciones de juegos de azar mientras se define el nuevo marco legal, con el fin de… El proyecto de ley sobre protección y adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana, sometido al Congreso, propone una reforma del régimen de conservación de los bienes culturales y amplía las facultades del Estado sobre inmuebles, objetos y manifestaciones culturales, incluso cuando sean de propiedad privada.
Aunque no convierte esos bienes en propiedad estatal, establece mayores controles sobre su uso, transferencia e intervención, y contempla la expropiación en determinadas circunstancias.La iniciativa define como patrimonio cultural de la nación los bienes muebles e inmuebles, públicos y privados, con valor histórico, arqueológico, artístico, documental, científico, etnológico o arquitectónico, además del patrimonio inmaterial, subacuático y las colecciones de relevancia cultural. El Ministerio de Cultura sería responsable de identificar, registrar, proteger y administrar ese patrimonio.Los propietarios de bienes declarados patrimoniales conservarían su derecho de propiedad, pero quedarían sujetos a un régimen especial de obligaciones. Entre ellas figuran mantener los bienes en adecuado estado de conservación, permitir inspecciones oficiales, solicitar autorización para intervenirlos o modificarlos y notificar al Ministerio de Cultura cualquier intención de transferir la propiedad.
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