Proyectos de ley sobre el terrorismo medioambiental

El Poder Ejecutivo formalizó una ofensiva contra las agresiones ecológicas mediante la emisión de un decreto. La medida, presentada por el presidente Luis Abinader el miércoles, declara de alta prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental.Sin embargo, la acción ejecutiva coincide con un prolongado estancamiento legislativo en el Congreso, donde, a pesar de contar con una mayoría oficialista que facilitaría las aprobaciones, varios proyectos que buscan la protección ecológica permanecen congeladas desde 2025 sin lograr su aprobación definitiva.El Congreso mantiene estancado un paquete de cuatro proyectos de ley específicos depositados por la diputada Llaniris Espinal. Sus propuestas buscan dotar al país de un andamiaje legal permanente, financiamiento garantizado y tipificaciones penales que el decreto actual no abarca.Uno de los proyectos atrapados desde hace más de un año en la Cámara de Diputados propone incorporar al ordenamiento jurídico el delito de ecocidio, definido como el daño grave, extenso o duradero contra la biodiversidad y los ecosistemas.La propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión y extiende la responsabilidad penal directa a las empresas y corporaciones mercantiles, permitiendo a los tribunales ordenar la clausura definitiva de las empresas infractoras, su disolución comercial y la confiscación de su patrimonio mediante la Ley de Extinción de Dominio.Otro proyecto, bajo estudio desde junio de este año, busca declarar a la cordillera Central como “Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica”.La propuesta prohíbe la exploración y explotación de minería metálica (como oro, plata y níquel) y extingue las concesiones existentes.Para blindar al Estado frente a eventuales demandas internacionales, el proyecto determina que las concesiones sin licencia ambiental constituyen “meras expectativas de derecho" que no admiten compensación económica.Además, propone obligar a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) a destinar de forma obligatoria no menos del 2 % de sus ingresos brutos a un fondo exclusivo para la restauración de ríos.Además de esas propuestas, en la Cámara de Diputados se baraja otra pieza que declara la cordillera Septentrional como Patrimonio Natural de la República Dominicana.La pieza establece la prohibición total de la minería metálica, con penas de seis a 20 años de r…