Reforma de los subsidios: una tarea pendiente

Cada año, con motivo de la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), el debate sobre los subsidios vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda económica nacional. En el caso de la República Dominicana, uno de los asuntos más sensibles es el subsidio a la electricidad, debido a su impacto sobre las finanzas públicas, las empresas distribuidoras y los hogares. La discusión no consiste en determinar si el Estado debe proteger a la población frente a choques externos, sino en definir qué subsidios deben mantenerse, quiénes deben recibirlos y durante cuánto tiempo.El problema tampoco se limita al sector eléctrico.

Los subsidios a los combustibles han constituido durante los últimos años un mecanismo recurrente para amortiguar las variaciones de los precios internacionales del petróleo. En 2022, por ejemplo, el Gobierno destinó alrededor de RD$35,070 millones a subsidiar los combustibles; en 2023 la cifra descendió a RD$15,727 millones, mientras que en 2024 ascendió nuevamente a RD$16,294.4 millones. En 2025 se ejecutaron RD$11,555 millones.

Para 2026, la volatilidad internacional volvió a elevar considerablemente el esfuerzo fiscal: al 17 de julio se habían destinado RD$40,200 millones.La magnitud del desafío fiscalEl subsidio eléctrico constituye un problema más estructural. El país ha avanzado desde la aprobación del Pacto Eléctrico de 2021, pero el ajuste de las tarifas quedó incompleto. El FMI señala que las tarifas aumentaron 25% entre octubre de 2021 y junio de 2022, pero todavía se encontraban aproximadamente 30% por debajo del nivel necesario para recuperar costos.

El costo presupuestario del sector eléctrico alcanzó 1.4% del PIB en 2024.El problema tampoco es exclusivamente tarifario. Las pérdidas de distribución, la morosidad, las conexiones ilegales, la ineficiencia operativa y la dependencia de combustibles importados amplifican el costo fiscal. El FMI estima que el déficit del sector eléctrico promedió alrededor de 1.5% del PIB entre 2022 y 2024 y que una parte importante corresponde a subsidios generalizados y pérdidas no técnicas.Por tanto, la reforma no debe reducirse a subir la tarifa.

Debe incorporar simultáneamente reducción de pérdidas, mejoría de la gestión de las empresas distribuidoras, inversiones en redes, medición efectiva del consumo, fortalecimiento de la regulación y una política de subsidios focalizados.L…