NewzTras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdes y Victoria Tolosa Paz. Por el lado del oficialismo, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año.
La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.Para frenar esta ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que garantice previsibilidad.Pero la situación se convulsionó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich fueron tomados por sorpresa y hubo duros reproches al interior de la Mesa Política.Ese capítulo del Presupuesto 2027 tomaba el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. También establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, sin actualización automátic…
La posibilidad de reducir penas para integrantes de organizaciones criminales abrió una nueva discusión en el Congreso, donde el gobierno de Abelardo de la Espriella busca avanzar con su proyecto de ley de sometimiento. La iniciativa superó su primera votación el 21 de octubre y pasó a la discusión del articulado, en medio de reparos de sectores de oposición sobre sus alcances jurídicos y las condiciones para acceder a los beneficios.Durante el debate en las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara, el ahora exministro del Interior Rodrigo Lara defendió la propuesta y aseguró que el mecanismo no contempla concesiones que otorguen estatus político a quienes se acojan a la justicia. Según explicó, está dirigido a estructuras vinculadas con economías ilegales y delitos como la extorsión.“Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle de ninguna manera estatus político, se les ofrece justicia.
Segundo principio de esta ley, aquí no se crea una justicia paralela, ni una justicia a la medida, ni cárceles a la medida, como en tantas ocasiones ha ocurrido en el pasado en este país”, expresó.Lara insistió en que el sometimiento se tramitaría ante las instituciones judiciales existentes. En su exposición, descartó la creación de tribunales especiales, nuevas jurisdicciones o amnistías para los integrantes de las organizaciones que decidan acogerse al mecanismo.El Gobierno consiguió respaldo en la primera votaciónLa ponencia positiva del proyecto recibió 21 votos a favor y uno en contra en el Senado, mientras que en la Cámara obtuvo 21 votos por el Sí y 10 por el No. En la misma sesión fue negada la ponencia de archivo presentada por la oposición.Con ese resultado, las comisiones avanzaron hacia el análisis del articulado, que acumula alrededor de 320 proposiciones.
Aunque el Gobierno cuenta por ahora con respaldo suficiente para impulsar la iniciativa, el trámite continúa sujeto a la discusión de los cambios planteados por los congresistas.La aprobación inicial también está condicionada por el calendario legislativo. El proyecto se apoya en la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público, cuya prórroga vence el 4 de noviembre. Esa extensión fue aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272 de 2022, asociada a la política de paz total.En la discusión, integrantes del Pacto Histórico presenta…
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