El Ministerio de Sanidad de España ha solicitado formalmente a la Abogacía del Estado que adopte las medidas oportunas para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir con la legislación vigente y culminar la creación del registro de objetores de conciencia al aborto. La iniciativa, anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García, busca hacer efectiva una orden previa emitida por el Tribunal Superior de Justicia en relación con este asunto.
La controversia gira en torno a la implementación de dicho registro en territorio madrileño, un mandato legal que el Ejecutivo central pretende forzar a través de la vía jurídica tras la negativa o el retraso de la administración autonómica. Con esta solicitud, el ministerio interviene directamente para asegurar la aplicación de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo en todas las regiones del país.
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