NewzLa Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en la mañana del viernes 16 de octubre la condena de 123 meses y un día de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez, por su participación en el llamado Cartel de la Toga, y pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella adelantar las gestiones diplomáticas para que sea extraditado desde Canadá.La decisión, que fue tomada el miércoles 14 de octubre, ratificó en su totalidad la sentencia de primera instancia emitida el 20 de febrero en contra del extogado. En este fallo, Bustos había sido declarado responsable de los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo; y absuelto por el punible tráfico de influencias de servidor público, por el que era acusado.En su determinación, en la que reiteró que “la ética judicial es innegociable”, el alto tribunal concluyó que Bustos hizo parte de una estructura que ofrecía intervenciones irregulares en procesos penales contra aforados constitucionales a cambio de pagos millonarios. La pena contra Bustos incluye inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período y una multa de $ 133.738.170.La Corte describió una red para alterar procesos contra aforadosSegún la providencia de la Corte Suprema de Justicia, la organización estuvo integrada por Bustos, los entonces magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, además de abogados como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy litigante.
El fallo señaló que el grupo buscaba “intervenir ilegalmente en el curso de procesos de única instancia contra aforados constitucionales”.Lo anterior, a través de tácticas como demoras, archivos, autos inhibitorios, preclusiones y la omisión de órdenes de captura. A juicio de la sala es claro que Bustos contribuía a ese esquema con su “disponibilidad y respaldo institucional” como integrante de la Sala de Casación Penal; por lo que para los magistrados, su participación configuraba una serie de características que agravan su conducta delictiva.Su papel no dependía de que fuera ponente de los expedientes, ya que tenía capacidad de intervenir en las decisiones colegiadas de la corporación. En ese sentido, rechazó el argumento de la defensa sobre una supuesta falta de competencia funcional del exmagistrado y sostuvo en su pronunciamiento que “lo cuestionable fue la oferta de su dignidad …
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, respondió a una solicitud de Sneyder Pinilla y precisó que la presidencia del alto tribunal no puede intervenir en su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) buscaba revertir la medida por razones de seguridad.Lenis Gómez indicó que la petición presentada el 9 de octubre de 2026 debe ser atendida por el juez de ejecución de penas o por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). También le informó que puede acudir a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, según documento divulgado por Semana.La Corte remitió la solicitud a las autoridades competentesEl magistrado sostuvo que la Presidencia de la Corte carece de atribuciones para intervenir en actuaciones judiciales o en asuntos administrativos vinculados a ellas.
Por ello, señaló, las peticiones deben tramitarse ante el funcionario que conoce el proceso.“Las solicitudes en el marco de tales actuaciones deben realizarse dentro del correspondiente proceso ante el funcionario de conocimiento”, indicó Lenis Gómez en la comunicación dirigida a Pinilla.La respuesta supone un nuevo obstáculo para el exfuncionario en su intento de modificar el lugar donde cumple la pena. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Pinilla acudirá a otros recursos judiciales.Pinilla permaneció en una guarnición militar desde agosto de 2024El exsubdirector de la Ungrd estuvo recluido en una guarnición militar desde agosto de 2024, tras una decisión del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. El despacho ordenó esa medida al considerar necesario proteger su vida e integridad.Para entonces, Sneyder Pinilla había expresado su intención de colaborar con la justicia mediante la entrega de información sobre el presunto direccionamiento de contratos en la entidad.
Sus declaraciones también se referían al supuesto pago de sobornos a congresistas para impulsar reformas del Gobierno en la Cámara de Representantes y el Senado.Después de suscribir un preacuerdo, el exfuncionario aceptó responsabilidad por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. La sentencia fijó una pena de cinco años y ocho meses de prisión.La defensa pidió garantías de seguridad en La PicotaLuego de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella,…
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