NewzEl Programa Integral de Acueducto, Saneamiento y Reúso para Verón-Punta Cana, financiado con 400 millones de dólares del BID, representa una de las inversiones más ambiciosas en infraestructura hídrica que ha visto la región este. Pero ninguna cifra, por generosa que sea, garantiza éxito si la gobernanza que administra el proyecto repite los vicios que han hundido tantas iniciativas públicas dominicanas: discrecionalidad, opacidad y captura política. La pregunta no es si el dinero llegará, sino si sobrevivirá al sistema que lo gestiona.La experiencia dominicana más favorable, con proyectos de infraestructura gubernamentales, ha sido, en el mejor de los casos, mixta.
Cambios de gobierno traen cambios de prioridades, de personal técnico y, con frecuencia, de rumbo institucional completo. Un proyecto de esta envergadura, estratégico, con horizontes de ejecución que exceden un período presidencial, no puede quedar sujeto a esa volatilidad. En RD no es un secreto para nadie que la gobernanza puramente estatal, sin contrapesos, es estructuralmente vulnerable al clientelismo y a la falta de continuidad técnica.Por eso el modelo 4-3-2 —un Consejo de Administración Mixto con representación del Estado, sector privado y sociedad civil— no es una concesión ideológica, sino una arquitectura de protección institucional.
Cada pilar cumple una función insustituible. El Estado, a través de Inapa, aporta la legitimidad regulatoria y la capacidad operativa técnica: administrar el sistema día a día es, correctamente, su responsabilidad. Pero la operación no debe confundirse con la gestión y decisión estratégicas.El sector privado —representado por actores como Asoleste, Cluster Turístico, Adecla, con presencia directa en el corredor destino turístico Punta Cana, aporta algo que el aparato estatal rara vez tiene: disciplina financiera, visión de sostenibilidad a largo plazo y un interés económico directo en que el sistema funcione.
La industria turística que sostiene la economía de la región no puede permitirse un acueducto ineficiente; su participación en las decisiones fundamentales convierte ese interés en garantía institucional.La sociedad civil, por su parte, aporta lo que ni el Estado ni el sector privado pueden ofrecer por sí solos: legitimidad social y vigilancia ciudadana. Un proyecto de esta magnitud que afecta directamente el acceso al agua de comunidades locales no …
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