NewzLa compañía hongkonesa CK Hutchison ha iniciado un procedimiento de arbitraje contra el estado de Panamá por perjudicar sus inversiones ante la decisión de acabar con la concesión de dos terminales portuarias en el país, por lo que exigen una indemnización de 1.500 millones de dólares (1.285 millones de euros).El Gobierno de Panamá tomó el control de los puertos Balboa y Cristóbal, ubicados en el canal de Panamá, controlados hasta entonces por la filial Panama Ports Company de la empresa con sede en Hong Kong "apoderándose de propiedades, equipos, tecnología, empleados y documentos y materiales confidenciales y protegidos", según informa CK Hutchison en un comunicado.La compañía ha señalado que Panamá comenzó una campaña que incluyó la reversión de su postura legal respecto a la concesión que llevaba en vigor unos 30 años con el objetivo de sustituir a la filial de CK Hutchison, intentando "sistemáticamente encubrir su conducta mediante la desinformación".Una vez notificado el fin de la concesión, el Gobierno panameño solo ha mantenido una reunión con la compañía y no ha ofrecido ninguna compensación por lo que reclaman la multimillonaria indemnización "por incumplimiento de obligaciones contractuales y del derecho internacional"."Panamá ha demostrado ser un país de alto riesgo que ignora el estado de derecho, la forma jurídica de las empresas, el alcance de los contratos, el alcance de los acuerdos de arbitraje, los derechos derivados de los tratados y la resolución de controversias contractuales", reza la nota emitida por la compañía. Un agricultor de Pensilvania ha rechazado 14 millones de euros por sus tierras para impedir que se conviertan en un centro de datos de inteligencia artificial. A sus 86 años, y con seis décadas de trabajo a sus espaldas, Mervin Raudabaugh ha preferido vender únicamente los derechos de desarrollo de su propiedad por 1,7 millones de euros, una fracción de lo que los promotores le ofrecieron en un primer momento, con tal de blindar para siempre el uso agrícola de sus 105 hectáreas.
La oferta que rechazó Raudabaugh ascendía a más de 15 millones de dólares (alrededor de 14 millones de euros) por sus 261 acres (unas 105 hectáreas) en Silver Spring Township, en el condado de Cumberland. Los promotores valoraban cada acre en 60.000 dólares. “No quería que mis granjas fueran destruidas.
No era tanto el aspecto económico lo que me importaba. Simplemente no quería ver esas dos granjas arrasadas”, declaró Raudabaugh al canal Fox 43. Una vida entera en la misma tierraEl vínculo de Raudabaugh con esas tierras va más allá de lo profesional.
Trabaja en esos campos desde hace casi 60 años. Fue allí donde, en los años cincuenta, su madre murió en sus brazos y él tuvo que abandonar casi por completo la escuela para ordeñar vacas y sostener la granja familiar. Allí también crió a sus hijos junto a su esposa, Anna Mae, ya fallecida.
Así, él mismo describe la propiedad como un refugio para la fauna silvestre, con ciervos y tortugas, y afirma que respeta “la Tierra verde de Dios”. Su deseo es que otras familias puedan vivir en ese lugar después de él. En su pequeña comunidad, la decisión se ha convertido en tema de conversación y sus amigos, asegura, están “muy contentos” con lo que hizo.
¿Cómo funciona la protección que eligió?En lugar de vender las parcelas, Raudabaugh firmó un acuerdo con el Programa de Conservación del Territorio de Silver Spring Township, un mecanismo similar a las servidumbres de conservación (conocidas en el sistema anglosajón como conservation easements) por el que cedió a la comunidad el derecho a construir sobre esas tierras. El precio que recibió fue de poco menos de 1,9 millones de dólares (alrededor de 1,7 millones de euros). La operación se formalizó el 30 de diciembre de 2025 en asociación con el Lancaster Farmland Trust y protege a perpetuidad más de 105 hectáreas.
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