NewzLa Justicia abrió un registro para recibir interesados en adquirir las participaciones societarias de Pan Danés SRL, la empresa detrás de la cadena de panaderías Pandanés, en el marco de su concurso preventivo. La medida apunta a que acreedores, una eventual cooperativa conformada por los trabajadores y otros terceros puedan presentar propuestas para alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación concursal de la compañía.La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, a cargo del juez subrogante Pablo Frick. El procedimiento se encuadra en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que contempla un mecanismo para que interesados puedan formular propuestas de acuerdo preventivo y eventualmente adquirir las cuotas representativas del capital social de la firma.La medida se produce luego de que la firma cerrara 25 locales, despidiera a 150 empleados y solicitara su propia quiebra, un pedido que fue rechazado por la Justicia.
A partir de esa decisión, el proceso continuó bajo el régimen de concurso preventivo.El registro permanecerá abierto durante cinco días. Quienes quieran participar deberán inscribirse mediante una presentación digital en el expediente judicial y acreditar el depósito de $200.000 en la cuenta de la causa, monto previsto para afrontar los gastos de publicación de los avisos. La suma podría ajustarse una vez determinado el costo definitivo de esa publicidad.El juzgado aclaró que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para formalizar la inscripción.
Además, indicó que el cronograma para la audiencia informativa y los demás plazos del procedimiento se establecerán eventualmente si se presentan interesados.El nuevo registro abre una instancia para que acreedores, trabajadores organizados en una cooperativa u otros terceros evalúen la posibilidad de presentar una propuesta para la continuidad de la compañía mediante el mecanismo previsto en la legislación concursal.Los motivos del pedido de quiebraLa situación de Pandanés se agravó por una combinación de factores que afectaron la sustentabilidad del negocio: el fuerte retroceso de las ventas, el encarecimiento de los costos operativos y una estructura que quedó sobredimensionada después de la expansión de la cadena.Según lo informado por la empresa, el volumen de ventas llegó a ubicarse más de 50% por debajo de sus niveles his… Las Palmas de Gran Canaria (España), 20 oct (EFE).- Una jueza de la isla española de Lanzarote ha decidido pedir formalmente ayuda a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que una presunta violación en grupo cometida en una lancha neumática con destino a Canarias no quede impune, en vista de que los hechos se escapan de la competencia legal de España para juzgarlos.El pasado 16 de septiembre, Salvamento Marítimo rescató a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote una lancha con 82 inmigrantes africanos a bordo. Al llegar a tierra, una mujer de Guinea acusó a dos hombres de Mali y otro de Burkina Faso de haberla violado en el mar, en una denuncia que fue corroborada por un testigo directo.Los tres denunciados fueron detenidos el 19 de septiembre por la Policía Nacional e ingresaron en prisión provisional, pero a los cinco días quedaron en libertad después de que la Fiscalía alertara de que España carece de competencia para juzgarlos, pues los hechos habían ocurrido en aguas internacionales, en una lancha sin pabellón y ni la víctima ni los acusados tienen la nacionalidad española.
En un auto al que tuvo acceso EFE, la jueza de Arrecife Mercedes Gutiérrez decreta el archivo del caso, pero también pide a los Ministerios de Justicia y Exteriores que exploren la posibilidad de que lo retomen alguno de estos cuatro países: Marruecos, de donde salió la lancha; Mali y Burkina Faso, los países de nacimiento de los denunciados; y Guinea, de donde es la víctima.En el informe que determinó la puesta en libertad de los detenidos, la Fiscalía fue más allá y expuso la conveniencia de que las Cortes Generales aborden una reforma legislativa que permita a España juzgar más delitos cometidos en aguas internacionales, si ocurren en pateras con destino a sus costas.En la actualidad, los juzgados españoles solo pueden actuar contra el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal (básicamente, perseguir y encarcelar a los patrones de la patera) y contra hechos que sean consecuencia del anterior, como una muerte por sed o ahogamiento, que se cataloga como homicidio por imprudencia.En este caso, el Juzgado exploró la vía del convenio de Estambul, que en casos de violencia contra la mujer permite a sus países firmantes juzgar delitos cometidos en el extranjero por nacionales de otros Estados que vivan de forma habitual en su territorio.Sin embargo, no cabe presumir que un e… Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).- Una jueza de Lanzarote ha decidido pedir formalmente ayuda a Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que una presunta violación en grupo cometida en una neumática con destino a Canarias no quede impune, en vista de que los hechos se escapan de la competencia legal de España para juzgarlos.El pasado 16 de septiembre, Salvamento Marítimo rescató a 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote una lancha con 82 inmigrantes africanos a bordo. En un auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza de Arrecife Mercedes Gutiérrez decreta el archivo del caso, pero también pide a los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que exploren la posibilidad de que lo retomen alguno de estos cuatro países: Marruecos, de donde salió la lancha; Mali y Burkina Faso, los países de los tres denunciados; y Guinea, de donde es la víctima.
En el informe que determinó la puesta en libertad de los detenidos, la Fiscalía fue más allá y expuso la conveniencia de que las Cortes Generales aborden una reforma legislativa que permita a España juzgar más delitos cometidos en aguas internacionales, si ocurren en pateras con destino a sus costas.En la actualidad, en circunstancias como las que concurrían en esa patera del 16 de septiembre, los juzgados españoles solo pueden actuar contra el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal (básicamente, perseguir y encarcelar a los patrones de la patera) y contra hechos que sean consecuencia del anterior, como una muerte por sed o ahogamiento, que se cataloga como homicidio por imprudencia.En este caso, el Juzgado exploró incluso la vía del convenio de Estambul, que en casos de violencia contra la mujer (también la sexual) permite a sus países firmantes juzgar delitos cometidos en el extranjero por nacionales de otros estados que res…
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