Una residente de Costa Mesa, California, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía del condado tras registrar a su perra como votante y emitir boletas a su nombre en dos elecciones consecutivas. Como parte de las condiciones impuestas, la mujer deberá financiar la instalación de vallas publicitarias públicas destinadas a advertir contra el fraude electoral.
El caso pone de relieve las medidas punitivas y de concientización implementadas por las autoridades locales frente a las irregularidades en el proceso de votación. El acuerdo evita un juicio tradicional al obligar a la infractora a asumir el costo de una campaña visual disuasoria en el mismo estado donde se cometió la falta.
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