El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), una organización no gubernamental venezolana, solicitó al Gobierno de Venezuela ampliar la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La petición está dirigida específicamente a las cárceles del país donde se han registrado denuncias formales sobre torturas. El comunicado sitúa al Gobierno bajo la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Esta solicitud busca incrementar la presencia y el acceso de organismos humanitarios internacionales en el sistema penitenciario venezolano, en un contexto marcado por acusaciones previas de violaciones a los derechos humanos y abusos contra personas privadas de libertad.
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