NewzNairobi, 9 sep (EFE).- La Fiscalía de Kenia (DPP) imputó este miércoles a un ciudadano keniano por tres cargos de discurso de odio e incitación a la violencia dirigidos contra la comunidad de nacionales de Burundi residentes en el país, informó el propio organismo judicial.El acusado, Kevin Odiwuor Otieno —conocido popularmente como “Kevin Ingeniero”—, compareció ante la magistrada principal Stephany Bett en los Tribunales de Makadara, en Nairobi, donde se declaró no culpable de los delitos de desprecio étnico, discurso de odio y conducta ofensiva propensa a causar una alteración del orden público.Otieno fue detenido por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que realizaba declaraciones que incitaban al odio durante una reunión del foro ciudadano Bunge la Mwananchi, celebrada el pasado 6 de septiembre en un mitín en la capital keniana de Nairobi.Según la Fiscalía, las declaraciones del procesado buscaban de forma deliberada "avivar sentimientos de desprecio, odio y hostilidad, e incitar a la violencia" contra los ciudadanos burundeses que viven y trabajan en Kenia.Los fiscales del caso, Alex Gituma y Maureen Mwenesa, no se opusieron a la liberación bajo fianza del acusado, aunque solicitaron al tribunal tomar en consideración la gravedad de las imputaciones.La jueza impuso a Otieno una fianza en efectivo de 150.000 chelines kenianos (unos 1.070 euros) o una caución de 300.000 chelines (unos 2.140 euros). La vista del caso fue programada para el próximo 28 de octubre.Esta acusación se produce días después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la semana pasada la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.Una medida que surgió a raíz de un encuentro entre Ruto y comerciantes locales, que le expresaron preocupación por el aumento de ciudadanos extranjeros en negocios informales o a pequeña escala, así como por su impacto en los kenianos que dependen de estas actividades para subsistir.Desde el pasado lunes, la Embajada de Burundi en Nairobi registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes. El presidente de Kenia vinculó su directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que pretende crear un marco r…
Nairobi, 9 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) junto a una veintena de organizaciones de la Comunidad de África Oriental (EAC) exigieron este miércoles al Gobierno de Kenia frenar el uso de los trabajadores informales extranjeros como “chivos expiatorios” económicos y detener el acoso contra los pequeños comerciantes foráneos, al advertir de que la tregua de 90 días concedida por el Ejecutivo es “un alivio, no un remedio”.Desde este lunes, la Embajada de Burundi, ubicada en el barrio de Kilimani en Nairobi, registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes, después de que el presidente William Ruto fijara este 7 de septiembre como fecha límite para que los pequeños negocios manejados por extranjeros cierren.“Esto es un alivio, no un remedio. Es lamentable que en estos seis días entre el anuncio y la fecha límite, cientos de nacionales burundeses hayan hecho filas ante su embajada en Nairobi para obtener documentos de viaje de emergencia, se hayan cerrado negocios y se hayan denunciado amenazas, acoso y pérdida de bienes”, denunciaron las organizaciones en una declaración conjunta.Las organizaciones plantearon que en caso de ser aprobado el proyecto de Ley de Contenido Local 2025, base del ultimátum de Ruto, se regularía la inclusión de empresas y trabajadores locales en sectores dominados por multinacionales en Kenia evitando que estas contraten de forma prioritaria a proveedores o personal especializado extranjero.“El pronunciamiento presidencial resultó confuso porque, mientras que el proyecto de ley es específico para las operaciones del sector formal, señalar a los burundeses contradice la aplicación del Plan Shirika”, indicaron.El Plan Shirika, lanzado en marzo de 2025, busca promover la inclusión socioeconómica mediante el acceso a documentación legal, servicios financieros y mercados laborales, permitiendo que las personas se vuelvan autosuficientes junto con las comunidades de acogida.Si bien afirmaron reconocer el derecho de Kenia a regular la inmigración y apoyar el empleo local, advirtieron que tales medidas deben ser legales, proporcionadas, no discriminatorias y coherentes con las obligaciones de su Constitución y el Tratado de la Comunidad de África Oriental (EAC) y el Protocolo del Mercado Común de la EAC a los cuales el país suscribe.“Nuestra preocupación no es que Kenia haga cumplir s…
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