NewzEl Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda que amplían el escudo antidesahucios hasta 2030, prohíben la compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028 y prorrogan dos años los contratos que venzan antes de 2028, junto con la renovación automática de los alquileres. Ninguna de estas medidas actúa sobre un mecanismo que el Banco de España describió con datos oficiales meses antes de que el Gobierno cerrara la negociación: cuando se protege el precio de un contrato vigente, el propietario tiende a compensar esa limitación futura fijando una renta más alta en el contrato siguiente.El organismo lo documentó en su Informe Anual 2025, presentado el pasado 18 de junio. El capítulo dedicado a vivienda incluye un hallazgo central: en 2024, el precio medio de las viviendas que entraban por primera vez al mercado del alquiler se situó un 16,5% por encima del precio medio del conjunto de alquileres ya existentes, frente a una diferencia del 9,5% en el promedio de 2020 a 2023.
En el mismo periodo, la actualización de los contratos ya firmados redujo los precios reales en promedio un 1,7% anual, por debajo de la inflación.El propio informe da nombre a este fenómeno: capitalización de rentas futuras: “Esta evidencia sugiere un proceso de capitalización de rentas futuras del alquiler en el momento de la firma del contrato por parte de los propietarios”, señala el documento. El objetivo de fijar un precio más alto de entrada, según la entidad, es “cubrirse ante las regulaciones que limitan los aumentos por debajo de la inflación y que reducen el rendimiento real esperado del contrato de alquiler”.Un mecanismo que no depende de un decreto concretoEl Banco de España no analizó la renovación automática aprobada este martes, pero sí describió el tipo de regulación que genera este efecto: cualquier norma que limite la actualización de un contrato vigente, ya sea el índice de referencia IRAV, el tope extraordinario del 2% o la prórroga forzosa del contrato. La renovación automática pertenece exactamente a esa categoría.
Extiende la protección de un inquilino frente a subidas libres mientras dura el contrato, y ese es precisamente el tipo de garantía que, según el organismo, empuja al propietario a compensar por adelantado cuando fija el precio del contrato siguiente.El informe lo advierte de forma directa: los controles de precios “son especial… Valladolid, 29 set (EFE).- El Ayuntamiento de Valladolid corregirá el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal y baremará la violencia machista como criterio diferenciado de la violencia doméstica, cambio que había motivado gran rechazo social, la convocatoria de una protesta el domingo 4 de octubre, y el estudio de su legalidad por parte del Ministerio de Igualdad. Es uno de los cambios que se introduce en el orden del día de la reunión del próximo viernes con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, VIVA, en el que se votará de nuevo el citado protocolo de vivienda de alquiler municipal.El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha sostenido esos cambios en el protocolo, dado el "revuelo" causado al cambiar el término "violencia de género" por el de "violencia doméstica" dentro de los criterios que puntúan en la adjudicación.El nuevo cambio, según el documento al que ha tenido acceso EFE, recoge que las víctimas de violencia machista tendrán 1,5 puntos, y en el caso de violencia doméstica o en el ámbito familiar será un punto.El concejal ha incidido en que el Ayuntamiento tiene "absolutamente claro que la violencia de género debe ser protegida", y ha recordado que VIVA no son servicios sociales del ayuntamiento, sino dentro del programa de viviendas blancas, al cual se accede por recursos económicos muy limitados, pero "no es el acceso a una vivienda por razones urgentes, como pueden ser los problemas de violencia de género".Ese cambio ha provocado entre la oposición y el equipo de gobierno, con críticas de los colectivos feministas y el propio Ministerio de Igualdad, por lo que el alcalde, Jesús Julio Carnero, anunció en el último pleno que pediría un informe jurídico para despejar las dudas suscitadas.Y en esa línea, y conocido el informe, elaborado por la Secretaría del Ayuntamiento, se recogen algunas recomendaciones que ahora se recogen e introducen en el protocolo para la votación del viernes.El informe de la Secretaria, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que desde el punto de vista jurídico "el protocolo aprobado por VIVA" no se ajusta "a lo que resulta de aplicar la legislación de violencia de género".E incide el informe de la Secretaria del Ayuntamiento en que "el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género tiene que considerarse prioritario" en el acceso a la vivienda de protección púb…
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