NewzEl representante a la Cámara por Casanare, Diego Fernando García Alfonso, anunció que solicitará formalmente al Gobierno nacional una adición presupuestal durante 2027 para recuperar $59.000 millones que, según aseguró, se habían destinado al departamento, luego de las dificultades en el trámite del Presupuesto General de la Nación para ese año.A través de un mensaje publicado en sus redes sociales y un video, el congresista explicó que presentará la solicitud una vez entre en vigencia el presupuesto de 2027, con el propósito de gestionar nuevamente los recursos para Casanare.“Solicitaré formalmente al Gobierno Nacional que, una vez entre en vigencia el Presupuesto 2027, se tramite una adición presupuestal para recuperar los $59.000 millones que habíamos logrado asegurar para Casanare”, manifestó.García afirmó que continuará adelantando gestiones para que la inversión llegue al departamento. “No renunciaremos a los recursos para nuestras regiones. Seguiremos gestionando y articulando soluciones para que esta inversión llegue a nuestro departamento y se traduzca en más oportunidades de desarrollo para nuestra gente”, expresó.El representante señaló que las dificultades en el trámite legislativo se originaron en las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes en el artículo 65 del proyecto de presupuesto.
Según explicó, esas discrepancias no fueron conciliadas antes de vencer el plazo legal.Ante esta situación, indicó que el Gobierno nacional deberá expedir por decreto el presupuesto aprobado en primer debate. En su declaración, García no precisó la fecha en la que presentará la solicitud de adición presupuestal ni detalló el procedimiento para recuperar los recursos.¿Qué ocurrió con el Presupuesto General de la Nación para 2027?De acuerdo con lo expuesto por García, las diferencias entre las versiones aprobadas por las dos cámaras del Congreso en el artículo 65 impidieron que el Presupuesto General de la Nación para 2027 culminara su trámite legislativo.La disposición está relacionada con operaciones de cobertura financiera para mitigar los riesgos fiscales derivados de las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar estadounidense.La controversia se centra en las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Represent… La comunidad venezolana residente en Perú envió US$ 5,4 millones a Venezuela durante el primer semestre de 2026, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El flujo de remesas refleja la necesidad de miles de migrantes de sostener económicamente a sus familias en medio de un mercado donde aún persisten canales informales, riesgos de fraude y dificultades para acceder a transferencias transfronterizas.Los envíos formales sumaron US$ 5,4 millones hasta junioLa cifra acumulada entre enero y junio equivale a casi la mitad de los US$ 11,47 millones enviados desde Perú a Venezuela a lo largo de 2025, de acuerdo con los registros de la SBS. Los datos corresponden a las operaciones captadas por los canales considerados dentro de la estadística oficial, por lo que sirven como referencia para dimensionar el movimiento formal entre ambos países.En Perú viven cerca de 1,2 millones de venezolanos, según estimaciones basadas en registros administrativos de 2025. Para una parte de esa población, las remesas representan un gasto periódico destinado a cubrir alimentación, salud, servicios y otras necesidades cotidianas de familiares que permanecen en Venezuela.Las remesas sostienen un vínculo económico entre Perú y VenezuelaEl envío de dinero desde Perú se mantiene como una de las principales conexiones económicas de la migración venezolana con su país de origen.
La transferencia de recursos suele requerir una combinación de rapidez, acceso a bolívares y disponibilidad de cuentas bancarias o mecanismos de pago para quienes reciben los fondos.Ese escenario ha impulsado el uso de distintos mecanismos, desde transferencias bancarias y billeteras digitales hasta intermediarios no regulados. La diversidad de alternativas también genera diferencias en comisiones, tipo de cambio, tiempo de entrega y nivel de seguridad de cada operación.La SBS recibió 1.486 denuncias por fraude financiero hasta julio de 2026, según la información difundida por Takenos. La empresa atribuyó buena parte de estos casos al uso de entidades informales y no reguladas, aunque el dato requiere distinguir cuántas denuncias están vinculadas específicamente con envíos de remesas hacia Venezuela.La informalidad abre espacio para nuevas plataformas digitalesEn este contexto, Takenos, una billetera digital de origen argentino con operaciones en Perú, habilitó un servicio de transferencias …
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