El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plascencia, informó este viernes 24 de julio que comunicó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI)”.El régimen chavista ya había amenazado con dar este paso como una forma de expresar su rechazo ante la investigación que impulsa la CPI sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas. Una averiguación que originalmente fue promovida por los estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.¿La medida adoptada por Caracas desactivará los esfuerzos que desarrolla la CPI para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país?“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, responde el abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia. El experto legal pone como ejemplo el caso del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula y hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.Daniels explica que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto.
Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincide al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela, y apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.Tineo recuerda que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.¿Casualidad? El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se lanzó contra la CPI en un discurso difundido en sus redes el 13 de julio. “La CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles sino con estatutos, pactos y la fuerza de los llamados acuerdos internacionales”, enfatizó.Rubio argumentó que Washington se niega a permitir que la institución pueda “procesar e incluso …
Caracas, 24 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) de acumular expedientes para agredir a los pueblos del "sur global", entre ellos el país suramericano, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente a su nación de este organismo."Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela", indicó la mandataria en un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Rodríguez dijo que no cree en ese tipo de institución porque, a su juicio, la corte internacional ha agredido a Venezuela."Creemos en un relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional", subrayó.Hora antes, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión "firme e irrevocable" del Gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.La decisión fue comunicada, según Caracas, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años.En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional "sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional".El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica …
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