NewzLa Cancillería de Colombia, liderada por Omar Bula, identificó coincidencias, diferencias de valor y situaciones atípicas en 811 contratos que suman cerca de $92.846.000.000, durante la revisión de la contratación suscrita por la administración de Gustavo Petro. El análisis incluyó documentos celebrados antes de que entraran en vigor las restricciones de la Ley de Garantías y derivó en el traslado de 19 casos a la Contraloría General de la República.La cartera informó que los contratos observados representan cerca de $100.164.000.000. Aclaró, sin embargo, que esa cifra corresponde al valor total de los procesos bajo observación y no acredita por sí sola un detrimento patrimonial.
Las actuaciones se encuentran en una etapa preliminar y los involucrados podrán presentar sus explicaciones y ejercer su derecho de defensa.Más de la mitad de los contratos revisados tiene actividades similaresEl examen de la Cancillería encontró que 551 de los 811 contratos contenían actividades repetidas o muy parecidas. Dentro de ese conjunto, 367 tenían objetos contractuales idénticos, aunque sus montos eran distintos.Según el reporte publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, las diferencias de precio alcanzan hasta cuatro veces en contratos con el mismo objeto. En particular, casos que, por sus condiciones, requieren verificación adicional: uno fue pactado por $ 2.839.000.000 para ejecutarse en dos días, mientras otro aparece con un valor de $ 0 y un plazo que termina en 2028.La revisión hace parte de las auditorías ordenadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre los procesos de contratación y los informes recibidos de la administración previa.
El presidente anunció el 29 de agosto de 2026 auditorías forenses orientadas a detectar inconsistencias, faltantes, riesgos y posibles hechos de corrupción.La contratación se concentró antes de las restricciones electoralesLas fechas de suscripción también hicieron parte del análisis. La Cancillería estableció que 227 contratos se firmaron el 30 de enero de 2026, por $21.137.000.000. Ese monto equivale a 28,1% de la contratación anual y corresponde al día previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que 101 contratos se suscribieron durante fines de semana y que el 53,4% de la contratación del año quedó concentrado en las semanas ant…
El expríncipe Andrés ha logrado que el Tribunal Superior declare ilegales las órdenes que permitieron registrar dos de sus viviendas a comienzos de año, un revés para la investigación policial abierta por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas. El juez Hilliard ha confirmado este jueves el acuerdo entre el hermano del rey Carlos III y la Policía del Valle del Támesis.Las órdenes anuladas permitieron registrar Wood Farm, en la finca de Sandringham, y Royal Lodge, en Windsor, tras la detención de Andrés de Inglaterra el 19 de febrero, cuando cumplía 66 años. El exduque permaneció bajo custodia durante casi 12 horas y fue puesto en libertad bajo fianza policial sin que se le haya imputado ningún delito.La decisión pone en duda la validez del material recabado durante los registros, aunque no invalida por sí sola el resto de la investigación.
Hilliard ha precisado que la anulación de las autorizaciones judiciales no implica que todas las actuaciones policiales fueran ilegales ni obliga a cerrar la causa. Andrés, que niega haber cometido delito alguno, fue detenido por sospechas vinculadas a su etapa como enviado comercial del Reino Unido.La causa contra el expríncipe AndrésLa investigación examina acusaciones de que pudo compartir información confidencial con Jeffrey Epstein durante el desempeño de esas funciones. La Policía del Valle del Támesis había obtenido las órdenes en el Tribunal Penal Central, conocido como Old Bailey, antes de efectuar los registros.
El exduque de York recurrió a la revisión judicial al cuestionar tanto la legalidad de las entradas como la información presentada ante el juez que autorizó las intervenciones.La impugnación se centró en documentos que podían considerarse material de “procedimiento especial”, una categoría que incluía papeles obtenidos por el expríncipe Andrés durante sus funciones remuneradas o no remuneradas y protegidos legalmente por privilegio. La policía aceptó que no podía afirmar que los objetos incautados quedaran fuera de esa categoría.Esa limitación impedía al juez del Old Bailey aprobar debidamente las órdenes de registro, según el acuerdo aceptado por las partes. Hilliard ha resumido el origen del conflicto en el Daily Mail: “Se cometió un error significativo en la solicitud y concesión de las órdenes de registro.
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