NewzVox ha presentado este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación administrativa por omisión, en relación con la acampada instalada desde finales de septiembre en la Puerta del Sol.La formación también se querella contra varios portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y de la Coordinadora Juvenil Socialista, así como contra otros promotores y organizadores por un presunto delito de reunión ilícita al considerar que no habrían tratado de impedir la presencia de personas con objetos peligrosos en el campamento.En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Vox ejerce la acusación popular y sostiene que la Delegación del Gobierno habría omitido actuaciones para investigar hechos con apariencia delictiva que, según afirma, fueron puestos en su conocimiento por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, además de haber sido recogidos en informaciones periodísticas.La querella atribuye a Martín un presunto delito del artículo 408 del Código Penal, por la supuesta omisión intencionada del deber de promover la persecución de delitos, y otro de prevaricación administrativa en comisión por omisión, previsto en los artículos 404 y 11 del mismo texto legal.En concreto, Vox sostiene que las administraciones madrileñas trasladaron a la Delegación del Gobierno información sobre la presencia de cuchillos de gran tamaño y piedras en el campamento, posibles daños en elementos patrimoniales e incidentes con profesionales de la información, sin que, según el partido, se adoptaran las actuaciones necesarias para identificar a los posibles responsables e investigar los hechos.CUCHILLOS, DAÑOS EN EL PATRIMONIO E INCIDENTES CON PERIODISTASEl escrito sitúa el inicio de la acampada en la noche del 26 al 27 de septiembre, tras una manifestación contra los desahucios convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.Según recoge la querella, el 28 de septiembre la propia Delegación del Gobierno cifró en unas 3.000 las personas congregadas y, el 3 de octubre, las informaciones citadas por Vox apuntaban a más de 2.000 tiendas de campaña, con una ocupación que se extendía también por la calle del Arenal.La formación asegura que no consta que los organ… Madrid, 13 oct (EFE).- Vox ha presentado este lunes una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de prevaricación en relación con la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol.La querella se dirige también contra los promotores y organizadores de la protesta por un presunto delito de reunión ilícita "por no impedir la presencia de objetos peligrosos", según informa el partido que dirige Santiago Abascal. Se dirige en concreto contra varios portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, de la Coordinadora Juvenil Socialista y de la Comisión de Urbanismo de la acampada.En su querella, presentada en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, Vox denuncia que la acampada no fue comunicada por escrito a la autoridad gubernativa, aduce problemas de seguridad y destaca el contexto electoral, tras la convocatoria de elecciones, que "agrava la necesidad de que la autoridad responsable de la seguridad ciudadana actúe sin demora por la evidente afectación".Esta es otra actuación judicial emprendida en las últimas semanas en relación a la acampada que arrancó la noche del 26 al 27 de septiembre.Hace unos días, Daniel Portero, hijo de un fiscal jefe asesinado por ETA y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, denunció al Sindicato de Inquilinas por vandalismo en la Puerta del Sol, en concreto, por las pintadas en un monolito de homenaje a víctimas del terrorismo etarra o las realizadas en la estatua del Oso y el Madroño.La propia Comunidad de Madrid también ha emprendido actuaciones judiciales, en el orden contencioso-administrativo.
El gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que forzara de manera cautelar a la Delegación del Gobierno a disolver la protesta, si bien los magistrado lo rechazaron hasta en dos ocasiones.
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