NewzLa procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, aseguró este jueves a los empresarios e industriales de la República Dominicana que “no hay nada que temer” respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el nuevo Código Penal. No obstante, les advirtió que es indispensable adoptar una cultura organizacional respaldada por programas de cumplimiento normativo que prevengan los riesgos penales y, de ocurrir estos, los denuncien.Reynoso explicó que las personas jurídicas responden penalmente por los delitos cuando concurre el hecho punible y se evidencia una falla corporativa. Asimismo, aclaró que el espíritu de la ley no es disolver empresas, sino fomentar un entorno de competitividad más sano para evitar que las corporaciones sean utilizadas como fachada para cometer ilícitos.“La empresa no es castigada por el delito del empleado individual, sino por el incumplimiento preventivo; por eso la norma preventiva es indispensable”, aseveró.Durante su intervención en un encuentro con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sobre las nuevas disposiciones de las leyes 74-95 y 44-26 —especialmente en lo relativo a las sanciones y la responsabilidad penal empresarial—, la procuradora general afirmó que las autoridades están conscientes de que una economía sana requiere de empresas fuertes y marcos jurídicos claros, elementos indispensables para consolidar el Estado de derecho.Manifestó la disposición del Ministerio Público de colaborar en la coordinación de programas de formación y capacitación “libre de costo”, con énfasis en derechos humanos, inclusión, y dotar de autonomía al órgano de control o a la directiva de las empresas."No hay nada que temer.
Es un clima de derecho que, si vemos el derecho comparado, es similar a lo que tenemos, sobre todo en Iberoamérica y en muchos otros países. Lo que sí tenemos es que organizarnos y que aplicar la nueva normativa. El código tiene las reglas claras, sumamente claras", aseguró Reynoso.Empresas penalizadas, vinculadas al crimen Sostuvo que la gran mayoría de las compañías que han sido disueltas por orden judicial —cerca de 100 desde el 2020 a la fecha— son "empresas de carpeta" vinculadas al crimen organizado y creadas con el único fin de delinquir.“No son las empresas que aportan impuestos, que generan riqueza o que crean fuentes de empleo”, aclaró la procuradora general.Expli…
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