La iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, prevé que una vez promulgada, se aplicarán las nuevas sanciones a los procesados que que estén próximos a recibir sentencia por ese delito, con prisión de 50 a 70 años y una serie agravantes que podrán duplicar esa penalidad.
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