En los años en que las montoneras imponían su ley y los gobiernos se sucedían con rapidez, comenzó a gestarse la institución que daría origen a la actual Policía Nacional. Ese origen explica, en buena medida, por qué más de un siglo después el país sigue empeñado en reformarla.La Policía Nacional, como hoy la conocemos, no nació del consenso de la sociedad ni como resultado de un proceso de fortalecimiento institucional. Su raíz se encuentra en la ocupación militar norteamericana iniciada en 1916.
Un año después, en 1917, las autoridades de ocupación crearon la Guardia Nacional Dominicana con el propósito de pacificar el territorio, desarmar a los caudillos regionales y garantizar el control político y militar del país.Aquella fuerza fue organizada y dirigida por oficiales de la Marina de los Estados Unidos. Su función consistía en imponer el orden definido por el gobierno ocupante y asegurar la estabilidad necesaria para preservar sus intereses estratégicos y económicos.En diciembre de 1918 ingresó a esa Guardia Nacional Rafael Leónidas Trujillo Molina. Como él, miles de dominicanos fueron reclutados y sometidos a la disciplina militar.
Los ocupantes estaban formando la institución que años después serviría de base al aparato represivo de la dictadura más prolongada de nuestra historia.La ocupación de 1916 no surgió de la nada. Fue el desenlace de un largo proceso de deterioro político y financiero.Los constantes enfrentamientos entre caudillos, la inestabilidad de los gobiernos y el desorden de las finanzas públicas llevaron al Estado dominicano a endeudarse con la empresa estadounidense Santo Domingo Improvement Company. Cuando el país encontró dificultades para cumplir sus compromisos financieros, comenzaron negociaciones que terminarían reduciendo la soberanía nacional.El resultado fue el Protocolo de 1903.
Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos intervino formalmente en un asunto financiero interno al convertirse en garante de los intereses de la empresa acreedora. Desde entonces, el conflicto dejó de ser una disputa comercial para convertirse en un asunto de política internacional.Al año siguiente, el Laudo Arbitral del 14 de julio de 1904 estableció que nuestro país debía pagar cuatro millones y medio de dólares a la empresa acreedora. Para garantizar ese pago, se aceptó que el gobierno norteamericano administrara las aduanas nacionales, …
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