NewzBruselas, 1 oct (EFE).- Más de un centenar de académicos, antiguos comisarios europeos y eurodiputados, entre otras figuras, enviaron este jueves una misiva al Ejecutivo comunitario en la que critican su inacción ante los controles fronterizos temporales que se aplican mutuamente Italia y España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta.La queja formal fue redactada por el catedrático de derecho europeo Alberto Alemanno, de la Universidad HEC de París, y firmada por 123 signatarios, entre ellos el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y otros antiguos miembros del colegio de comisarios, como el también español Joaquín Almunia o el húngaro Laszlo Andor.La misiva señala el "fallo" de la Comisión Europea a la hora de proteger el espacio de libre circulación Schengen, por haber tolerado la reintroducción de controles fronterizos por parte de Italia en puertos y aeropuertos a los viajeros españoles por lo ocurrido en Ceuta y a los que España ha respondido con medidas similares, y "sin que exista ninguna amenaza real".Desde la introducción de esas medidas a principios de agosto, cientos de miles de viajeros entre Italia y España se han enfrentado a controles en las fronteras interiores y lo siguen haciendo, subraya la carta, que añade que esas personas "están pagando las consecuencias de una disputa entre dos gobiernos sobre las repercusiones de Ceuta".Los signatarios también consideran que ninguno de ambos gobiernos "ha demostrado la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior que exige la legislación de la UE", y destacan que nadie de los que entraron en Ceuta "llegó a la España peninsular ni a ningún otro Estado miembro, y las salidas de Ceuta ya están sujetas a controles de identidad y de documentación".A través de esta queja formal, los firmantes solicitan a la Comisión que cumpla con las obligaciones de supervisión establecidas dentro del Código de Fronteras Schengen, y que abra un procedimiento de infracción contra Italia, España y Austria, que también ha justificado sus controles fronterizos haciendo referencia a la situación de Ceuta."Ese incumplimiento forma parte de un patrón más amplio: hay más gobiernos de la UE que han reintroducido los controles en las fronteras interiores y los han mantenido, sin una justificación real, que los que no lo han hecho; y la Comisión se lo ha permitido", señala la carta.Este mismo jueves, el com… La Comisión Europea ha llevado por segunda vez a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un procedimiento de infracción contra España por la legislación que dificulta la reclamación de indemnizaciones al Estado por infracciones del derecho de la Unión Europea, según han informado fuentes comunitarias.La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber corregido su legislación para facilitar que los ciudadanos puedan recibir una indemnización por los daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho comunitario, pese a una sentencia del alto tribunal de 2022 que obligaba a modificar las normas españolas.El Ejecutivo comunitario ha considerado que España sigue sin aplicar la sentencia dictada por el tribunal con sede en Luxemburgo en junio de 2022, que concluyó que la legislación española imponía condiciones y limitaciones que hacían "excesivamente difícil" que los particulares pudieran obtener una compensación por los daños sufridos como consecuencia de una vulneración del Derecho de la UE por parte del legislador.El caso se remonta a 2015, cuando Bruselas recibió varias denuncias sobre la incompatibilidad con el Derecho europeo de determinados aspectos de las leyes españolas 39/2015, sobre el procedimiento administrativo común, y 40/2015, sobre el régimen jurídico del sector público.La Comisión abrió un expediente de infracción contra España en junio de 2017 y, ante la falta de cambios legislativos, llevó el asunto por primera vez ante el TJUE en 2019. En su sentencia de junio de 2022, la Justicia europea dio la razón a Bruselas y determinó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización.Cuatro años más tarde, la Comisión sostiene que España todavía no ha incorporado plenamente el fallo a su ordenamiento jurídico.
Por ese mismo motivo, envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas en diciembre de 2025 y, tras nuevos intercambios, consideró que el incumplimiento persiste, mientras el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación en el Parlamento español.Así las cosas, el Ejecutivo comunitario ha decidido remitir por segunda vez el caso al TJUE. Si los jueces europeos concluyen que España ha incumplido la sentencia de 2022, podr…
Summary from source